El presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que intervenga de manera “urgente e indispensable” en varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el mandatario electo, la instrucción busca garantizar que las decisiones que hoy adopta la UNP se desarrollen con “absoluto respeto” por los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, especialmente cuando comprometen “la seguridad del Presidente de la República” que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, de los “integrantes de su gabinete ministerial” y de así como las personas que dependen de los esquemas de protección del Estado.

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También manifestó que, la principal preocupación del Gobierno electo, se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual “se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”.

De acuerdo con la solicitud, la adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, situación que impediría a la administración entrante “participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones” de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.

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Por esta razón, solicitó a la Procuraduría "requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de solicitar su suspensión preventiva” hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación.

La solicitud también incluye la intervención preventiva del Ministerio Público frente al proceso mediante el cual la UNP “prevé proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos”.

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Asimismo, De La Espriella ordenó solicitar "vigilancia preventiva" sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la UNP “busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país”.

La petición solicita revisar aspectos relacionados con la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes.

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En la comunicación remitida al Procurador General también solicitó la vigilancia de seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la “adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas”.

Frente a estos procesos, el Gobierno electo consideró necesario verificar si las necesidades que dieron origen a cada contratación “se encuentran debidamente sustentadas” y si existían condiciones para “consolidarlas en un solo procedimiento contractual” que permitiera una mayor “eficiencia administrativa, economías de escala y una mejor utilización de los recursos públicos”.

Finalmente, pidió revisar los estudios previos, el análisis del sector, las especificaciones técnicas, con el fin de “garantizar la libre concurrencia, la selección objetiva, la transparencia y la adecuada protección del patrimonio público”.