Desde la década de los 70 no ha habido en Colombia un año sin desmembramientos. Cortar cuerpos en trozos fácilmente dispensables, hacer oídos sordos a las súplicas y al llanto, cosechar vidas con el machete en la mano. Una realidad ignorada durante muchos años por el Estado que, con el tiempo, ha salido a la luz pública y ahí permanece: en los titulares fugaces y en las bolsas de plástico o costales.

La lista de municipios en los que aparecieron -y aparecen- cuerpos desmembrados es larga y se extiende por todo el territorio nacional. Fundación, en el Magdalena, y la región que comprende el Carmen de Bolívar, en el departamento homónimo, son algunos de los rostros más visibles -en la región Caribe- de la indolencia que caracteriza al conflicto interno colombiano.

Barranquilla no está exenta de casos de mutilaciones. La capital del Atlántico, que ha experimentado un preocupante crecimiento del 17% en el número de homicidios en lo que va corrido del año -según datos suministrados por el Observatorio del Delito del Atlántico-, registró este jueves un caso de decapitación en el barrio La Luz, donde los vecinos encontraron una cabeza que fue arrojada en la madrugada en las calles. Este caso se suma al de William Manotas Suárez, registrado en abril.

A Manotas lo encontraron muerto dos veces. La primera vez sin nombre, pues su cuerpo, cortado en pedazos dentro de un saco enterrado en el barrio Villanueva –al suroriente de la ciudad, estaba separado de su cabeza.

Tres semanas después quiso la suerte que fuese un grupo de menores y no las autoridades quienes encontraran los restos faltantes del mototaxista. Su cabeza estaba metida en una nevera de icopor dentro de una bodega del sector de la Bendición de Dios. Los asesinos apenas y se tomaron la molestia de llevarla unas cuantas cuadras más allá del lugar en que enterraron su cuerpo.

Un hecho que trajo memorias de 2013, cuando en Barranquilla se presentaron hasta cinco casos de desmembrados en un periodo de apenas seis meses, y que continuó hasta 2014 cuando se encontró el cuerpo mutilado de un adolescente en el barrio La Chinita.

(Mapa con los sectores en los que fueron encontrados cuerpos desmembrados en Barranquilla desde 2013 a 2015).

Pocas fueron las explicaciones que dieron las autoridades sobre los hechos, más allá de relacionarlas con las estructuras de la banda criminal de los ‘Rastrojos Costeños’ -de raíces paramilitares- y otros grupos delincuenciales que operan en la ciudad. Así, los casos aparecen y desaparecen, pues la cruda realidad de Colombia es que es más fácil que unos niños se encuentren la cabeza de un muerto a que el Estado controle la violencia.

El desmembramiento es una práctica que, lejos de afectar solo a ciertas ciudades, es una realidad colombiana. El caso en Barranquilla se suma a la polémica suscitada por la posible existencia de 'casas de tortura' en Medellín, en donde apareció, el pasado 29 de septiembre un saco abandonado sobre una carreta como un montón de escombros. Dentro, las partes de un cuerpo, que alguna vez fuera una persona y que, por cuenta de la violencia, terminó siendo menos que un nombre.

El cuarto en una racha de cadáveres ultrajados, el mismo mes, por las bandas criminales que se disputan el control de las zonas más vulnerables de la capital de Antioquia, suficientes para lograr que el vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez, ‘reflexionara’ sobre la posibilidad de que en la ciudad haya “un sitio donde están descuartizando personas”.

Las llamadas ‘casas de pique’ no son, a pesar del tardío reconocimiento de las autoridades, un fenómeno nuevo. Fernando Quijano, presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explica que ya desde finales de la década de los 70 del siglo pasado los nacientes carteles del narcotráfico en Colombia tenían lugares en los que se dedicaban a cortar, sistemáticamente, los cuerpos de sus víctimas.

“Sin cuerpo no hay muerto”, explica Quijano, resumiendo la solución más simple que los carteles -siendo el de Pablo Escobar el más representativo- encontraron al problema de cómo esconder un asesinato. Es probable, en todo caso, que fuese Griselda Blanco, la ‘reina de la cocaína’, quien inaugurase la práctica de mortificar hasta a los muertos.

Muy pronto el desmembramiento se convertiría en mucho más que una forma de disponer de los restos físicos de las víctimas de asesinatos. “Estos cuerpos dan un mensaje a las otras bandas que se disputan zonas, a las autoridades y a la sociedad”, asegura el presidente de Corpades.

Así los utilizaba Pablo Escobar para intimidar a sus enemigos, y así los siguen utilizando los miembros de bandas criminales como el Clan 'Úsuga' (Urabeños) y la llamada ‘Oficina de Envigado’ -entre otras-, que operan principalmente en el Valle de Aburrá.

Aunque la existencia de las ‘casas de pique’ o de ‘tortura’ -en palabras de Quijano- ha sido negada durante décadas, a los desmembrados, por otra parte, no hay forma de negarlos. Según cifras del informe ‘Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad’, entre 1981 y 2012 en el país se encontraron al menos 1.530 cuerpos desmembrados, decapitados o con evidencias de sevicia en sus cuerpos.

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No obstante, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, advirtió en 2014 de que “el fenómeno va más allá de las estadísticas (…) porque son muy pocos los cuerpos que se pueden recuperar”.

No se trata de un fenómeno aislado de la capital de Antioquia, que carga con el estigma de haber sido el eje desde el que se tejieron las redes del narcotráfico en el país. Tristemente sonado es el caso de Buenaventura, en Valle del Cauca, que en 2012 pasó a liderar las cifras de homicidios, desplazamientos y desaparecidos en el país. Allí las casas de pique son un fenómeno tan conocido por la población como los gritos ocasionales que en las noches tiñen las calles de los sectores en que operan las bandas criminales de terror e impotencia.

En la negación de las autoridades sobre la existencia de las ‘casas de tortura’ pareciera haber un deseo implícito de negar a su vez la práctica del desmembramiento como una acción organizada y reiterativa de la violencia colombiana. Luis Guillermo Pardo, presidente de la ONG Centro de Consultoría de Conflicto Urbano (C3), así lo explica.

Una investigación de campo, realizada por su organización durante un año, en la que denunció la existencia de al menos 15 casas de tortura en Medellín, fue lo que prendió las alarmas en la capital antioqueña, junto a las cada vez más reiteradas apariciones de cuerpos mutilados.

Si la denuncia de que existan lugares en los que bandas criminales pueden llevar a una persona para torturarla no es suficiente para llamar la máxima atención de las autoridades, al menos debería hacerlo el hecho de que los casos, de por sí, se presenten. No obstante, quizá lo más preocupante sea una realidad tácita que el trabajo de campo de Pardo halló. “Muchas veces junto a los ilegales conviven también legales”.

Un silencio que, si bien podría no ser complaciente, al menos sí parece ser ‘cómodo’ en el caso de las ‘casas de tortura’, que ha sido denunciado ya en reiteradas ocasiones en el pasado. Ese mismo que persigue a una Colombia que se debate entre dos realidades: una optimista, de un país que experimenta un crecimiento económico continuo desde hace más de una década; y otra, la faceta oscura en la que aún sobreviven la violencia y los crímenes de lesa humanidad.