La posibilidad de que una consulta popular sea convocada por decreto en Colombia presenta un escenario complejo y con múltiples aristas, generando interrogantes significativos sobre el panorama político, jurídico y social del país. Desde una perspectiva jurídica, la potestad del Presidente de la República para convocar a una consulta popular está sujeta a los límites establecidos en la Constitución y la ley. 

Si bien el Ejecutivo puede promover mecanismos de participación ciudadana, la implementación de una consulta popular por decreto, especialmente si hay controversias en el Congreso, podría ser objeto de demandas de inconstitucionalidad sin dejar a un lado la polarización política que se profundizaría aún más, dificultando la gobernabilidad.  

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De acuerdo con el politólogo Ángel Tuirán este escenario “aumentaría la tensión política que ya existe. Es posible que se pierdan de vista proyectos o políticas importantes por darle paso a este debate y por centrar la agenda en la consulta, y al mismo tiempo podríamos hablar de una especie de crisis institucional en la medida que habría enfrentamiento directo entre las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial”.

En el ámbito legal se generaría una incertidumbre con respecto a los mecanismos democráticos. Tuirán advirtió que sí se convoca a una consulta con la firma de todos los ministros, "la primera reacción muy seguramente va a ser una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de ese decreto presidencial, buscando precisamente que este tribunal declare nulo el decreto y con esto perdería fuerza jurídica esta convocatoria".

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Sin embargo, también podrían existir otras demandas ante la Corte Constitucional. "Muy seguramente estos decretos tendrá demandas ante los tribunales donde se esperan que se tomen decisiones bien sea de fondo decretando la nulidad o bien sea decisiones que sean de tipo transitorio", explicó Tuirán.

¿Actos de prevaricato?

Según el experto, es posible que también se inicien acciones de tipo penal, entendiendo que serían decisiones de servidores públicos que no están fundamentadas en derecho "y podría desprenderse de ahí posiblemente demandas de tipo penal en el sentido de aducir que se está cometiendo o se han cometido actos de prevaricato".

Es decir, que en el hipotético caso, tanto el Presidente Gustavo Petro como los ministros que lo firmen estarían incurriendo en este delito. Asimismo, si el Registrador Nacional accediera a establecer un calendario electoral sin el concepto favorable del Congreso. también podría enfrentar acusaciones. 

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Petro lanzó ultimátum a sus ministros

Entre tanto, el Presidente Petro en la red social de X, su tribuna favorita, lanzó una advertencia a sus ministros que confirmaría que al interior de su gabinete aún hay dudas. 

"Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo", sentenció. 

A esta frase, el analista Tuirán aseguró que es un "mensaje de amenaza (...) que solo existe en regímenes autoritarios (...) El debate jurídico está abierto y el presidente a través de una amenaza busca que todos los ministros se vean casi obligados", concluyó. 

Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va.

El poder presidencial es poder del pueblo https://t.co/N7oWkE4iP6

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2025

Según expertos en el país,  700 mil millones de pesos le costaría a la Registraduría Nacional del Estado Civil convocar a votaciones para la consulta popular.