Son varios los casos de rechazo que se conocen en la Costa Caribe colombiana por el cumplimiento al pie de la letra del protocolo que establece la cremación “y la mínima manipulación” de cadáveres de personas que fallecieron siendo  posibles casos positivos de Covid-19.

Yasiris Trespalacios Meneses, madre de un niño de cuatro años que falleció el pasado lunes en la Clínica La Asunción, hizo viral un video en el cual cuestiona los procedimientos de la Clínica La Asunción y de la Funeraria Jardines de la Eternidad.

La joven perdió a su pequeño hijo de apenas cuatro años de nacido. El pequeño llegó a esa clínica el lunes 11 de mayo y desde la remisión se le catalogó como “sospechoso para Covid-19”, reseña el centro asistencial en un comunicado de prensa.

Ese mismo día el pequeño falleció “por fallas cardiacas”. En breve, en la noche, fue el niño fue cremado, pero su madre no lo supo sino hasta el miércoles. 

"Aquí tengo la epicrisis de egreso, de que mi hijo es un posible Covid-19 positivo. Él (el médico) requiere de que el niño sea cremado de manera inmediata por cuestiones sanitarias y legales como la que estamos viviendo”, admitió Yasiris. 

En medio del duelo y en desacuerdo con una cremación porque quería sepultarlo, la joven madre asegura haber pedido en la funeraria que esperaran los resultados de esta prueba. 

Pasadas las 48 horas, se conocieron los resultados y a la madre la llamaron de la EPS para darle una información.

"Las pruebas llegaron, me llamaron, mi hijo es Covid-19 negativo. Me dicen que llame a la funeraria, para ver si me dejan enterrar a mi bebé, o por lo menos verlo, porque se lo llevaron a la sala de cremación de la funeraria Jardines de la Eternidad, y me dicen que ya es demasiado tarde porque a mi hijo lo cremaron en la misma noche, apenas lo llevaron”, narró entre llantos la joven madre.

Yasiris aseguró que hacía la denuncia porque están abusando de la situación que estamos viviendo “o quizás un negocio”.

El jueves, a través de un comunicado de prensa, la Clínica La Asunción informó que “ante la sospecha de infección   SARS-COV-2 (Covid-19) se procede según la guía del Ministerio de Salud, (Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final  de cadáveres), el cual debe ser entregado antes de las 24 horas de fallecido a la funeraria que dispongan los familiares para su disposición final”.

Lo que dice el protocolo

En efecto, el protocolo del Ministerio de Salud asegura en su página 9 que “la disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación”.

Además añade que “cuando no se cuente con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda individualizada. En todo caso, el alistamiento del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso y no se permitirá el traslado hacia otra ciudad o municipio para su disposición final, salvo en las áreas metropolitanas y entre municipios vecinos cuando no existen servicios locales para la disposición final, y siempre y cuando el servicio funerario garantice condiciones seguras de traslado y se cuente con la autorización del municipio receptor. En los casos que se requiera necropsia médico legal, se debe contar con la orden del fiscal del caso para la cremación”

Este aparte fue el que no se cumplió con el caso de un adulto mayor que falleció en la Clínica General del Norte cuyo cuerpo fue entregado a una funeraria que trasladó el cadáver hasta el municipio Zona Bananera en el Magdalena. El paciente era sospechoso de coronavirus, y se confirmó que era positivo de la enfermedad después de su deceso y sepelio.

El protocolo establece además la menor manipulación de un cuerpo confirmado o sospechoso de Covid-19.

“El riesgo de contagio al personal que ejecuta autopsias o procedimientos de tanatopraxia y la probabilidad de diseminación de la enfermedad por la manipulación de cadáveres no se conoce, pero se considera que puede ser alto, teniendo en cuenta que, en ausencia de la aplicación de un método de diagnóstico masivo, todo caso debe considerarse potencialmente positivo. Por tanto, el manejo de cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de SARS-COV2 (Covid-19), debe realizarse con la mínima manipulación posible”.

En otro aparte del protocolo se dispone que “queda restringida la realización de prácticas de embalsamamiento, tanatopraxia u otros alistamientos de cadáver en casos con diagnóstico presuntivo o confirmado de infección por SARS-COV-2 (Covid-19)". 

Igualmente “el transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo posible, con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y comunidad general al virus SARS-COV-2 (Covid-19). Se debe evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas”.

“El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, teniendo especial atención al movilizar o amortajar el cadáver evitando contacto directo con fluidos o heces fecales” reseña en protocolo en otro aparte.

Tradición Indígena

 

 

Además del caso de Yasiris y de otro similar en Santo Tomás, los hechos denunciados por cremaciones entre miembros de la población indígena ha causado también indignación en el pueblo wayúu.

La muerte de Luz Delys Pérez Zúñiga, del clan Pushaina, quien falleció en la Clínica General del Norte por graves problemas respiratorios, trascendió nacionalmente por las protestas de sus familias e integrantes de esa comunidad indígena. Luz Delys padecía también de un cáncer linfático. Otros casos similares se han informados desde el departamento de La Guajira.

El antropólogo Wilder Guerra Curvelo cuestiona los procedimientos mencionados por las autoridades de salud.

“En los últimos días, en las ciudades de la Costa, especialmente en Barranquilla, se están cremando los cuerpos de los miembros del pueblo indígena wayúu, sin consultarle a sus familiares y sin que se aseguren de que hayan muerto por el Covid-19”, dijo. 

En el sentir de la cultura wayúu, “esto constituye una injuria de hecho hacia la dignidad de los miembros de estos grupos familiares y a todo el pueblo wayúu”. 

Según Guerra, “realmente es una falta de respeto hacia lo que se considera la dignidad póstuma en el sentido de que el cadáver en un objeto de memoria, no solo de la persona fallecida sino de la red de relaciones sociales que involucran a las personas y al grupo familiar y étnico al cual pertenece”.

Sugiere entonces Guerra Curvelo “un protocolo de enfoque diferencial hacia los  miembros de los pueblos indígenas y que se consideren opciones de inhumación diferentes a la cremación inconsultas e irrespetuosa de los cuerpo de las personas fallecidas”.

Explica que en la sociedad, la manera cómo tratamos a un cadáver y a sus componentes, “refleja el valor que le damos a las personas y a todos los grupos sociales”. 

En medio de la polémica, está el dilema por creencias y tradición… ¿Cremar o no cremar?