Por retrasar una investigación que desarrollaba la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al no responder con unos requerimientos solicitados oportunamente, el saliente Ministro de Defensa Diego Molano fue multado por los magistrados de la alta corporación.

La misma decisión cobijó al director general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, John Mauricio Marín Barbosa; a la directora de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ana María Cadena Ruiz.

A estos entonces altos funcionarios se les pidió que remitieran la historia laboral o el certificado de salarios de un hombre que prestó servicios para el extinto DAS, y quien había entablado un proceso contra laboral contra la desaparecida entidad.

La multa es de 10 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes que deben ser pagados a favor de la Nación.

La Corte Suprema además hizo un recordéis importante en el que dice que los jueces tienen poderes correccionales, entre ellos el sancionar con multas a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les impartan o se demoren en su ejecución. Todo esto con el fin de evitar la parálisis injustificada de los procesos judiciales.