La Corte Constitucional ordenó estructurar una  política pública de atención diferencial integral para mujeres gestantes y madres lactantes.

Esto después de identificar las principales problemáticas que ponen en riesgo el goce de los derechos de estas personas, que conviven con sus hijos hasta los 3 años en centros penitenciarios y carcelarios por deficiencias en la cobertura del servicio de salud.

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La Corte, ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estableció una inadecuada prestación de los servicios de salud, deficiencias en las raciones alimentarias y en la cobertura de la dieta especial requerida, la ausencia de atención psicológica y psiquiátrica dirigida específicamente a esos grupos poblacionales y la invisibilización y carencia de medidas encaminadas a la prevención y consumo de sustancias psicoactivas en prisión.

La orden fue dada al Ministerio de Salud, que debe contar con la participación de los gabinetes de Hacienda y Justicia, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, el Patrimonio Autónomo Fondo de Atención en Salud Personas Privadas de la Libertad 2024, la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), Prosperidad Social, el Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

La normativa deberá garantizar: enfoque de perspectiva de género y protección de la primera infancia; objetivos específicos; adecuación de espacios e infraestructura; tratamiento diferencial y especializado en salud; universalidad y continuidad en la atención a favor de estos sujetos bajo protección reforzada; componentes sobre atención psicológica y psiquiátrica; ajustes para la nutrición y alimentación; estrategias separadas encaminadas al abordaje de situaciones críticas de salud y urgencias no vitales.

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Así como disponibilidad de especialistas en pediatría que asuman la atención integral y continua a los niños y niñas que habitan en establecimientos de reclusión; capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, la prevención, consumo y adicción a sustancias psicoactivas en prisión; financiación del programa y supervisión y control.

El ICBF deberá realizar visitas periódicas trimestrales a los establecimientos de reclusión, la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la Judicatura tendrán que hacer conferencias, foros de discusión y jornadas de formación académicas para capacitar y socializar sobre las medidas sustitutivas de la prisión y el Ministerio de Justicia, junto con el Inpec, tendrán que hacer campañas de sensibilización. 

Por último, le ordenó a la Policía Nacional que incorpore de manera sistemática y desagregada los datos relativos a las mujeres detenidas, en especial aquellas en estado de gestación o que son madres de niños menores de 3 años, así como la proporción de aquellas en lactancia, con el fin de facilitar el control y vigilancia en los centros de detención transitoria de las medidas propuestas.

#LaCorteInforma | En está oportunidad les explicamos la orden de la Corte para estructurar una política pública que garantice los derechos de mujeres gestantes, madres lactantes, niños y niñas que conviven con ellas en los establecimientos penitenciarios, pic.twitter.com/1AiyANs4dT

— Corte Constitucional (@CConstitucional) November 20, 2025