Catorce demandas que se presentaron para abolir el Decreto 1408 de 2021, que ordena la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el coronavirus para poder ingresar a lugares públicos y de ocio, fueron rechazadas por la Corte Constitucional.

La decisión fue de la magistrada Gloría Ortiz, que determinó que la Corte no tiene competencia para estudiar cada una de las demandas.

Por tanto, sostuvo Ortiz, este tipo de acciones se deben presentar ante el Consejo de Estado, que es el órgano judicial competente para estudiar las decisiones administrativas de Gobierno.

Las demandas que rechazó la Corte Constitucional manifestaban que el decreto violaba derechos fundamentales a la salud y la vida, “porque hasta la fecha no hay indicadores de efectividad de la vacuna”.

También sostiene que la decisión de no vacunarse es de cada persona, y tiene como fundamento “posibles efectos adversos que puede generar”.

Igualmente, los demandantes se referían a las violaciones a los derechos a la libertad de circulación por el territorio, la educación, al trabajo, la libertad de asociación y diversidad étnica y cultural.