La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este viernes que presentó el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana (CorteIDH), por considerar que el Estado colombiano incumplió sus recomendaciones.

El caso de Bedoya, víctima de secuestro y agresión sexual en 2000, fue sometido a consideración de la Corte el pasado martes, según una nota de la CIDH.

"Este caso constituiría la primera oportunidad para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el deber de prevención del Estado en casos que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión de mujeres periodistas", señaló la CIDH en un comunicado difundido en Washington, sede de este organismo.

Además, apuntó que la CorteIDH, que funciona en Costa Rica y es el más alto tribunal de derechos humanos de la región, será el que se podrá pronunciar sobre "las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo".

El pasado miércoles la propia Bedoya anunció que la Corte Interamericana juzgaría al Estado de Colombia por su caso y manifestó que en los últimos 19 años de su vida se ha "dedicado a intentar seguir adelante" al ejercer su profesión de periodista en "condiciones que violan todos los estándares de libertad de expresión".

El 25 de mayo de 2000, cuando se disponía a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá para el diario El Espectador, donde trabajaba entonces, Bedoya fue secuestrada a las puertas de ese centro, al parecer por paramilitares.

La periodista permaneció secuestrada durante 16 horas, sufrió torturas y agresión sexual, y finalmente fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, unos 75 kilómetros al sur de Bogotá.

La CIDH indicó hoy que "concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Jineth Bedoya, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de su madre, Luz Nelly Lima".

Para la CIDH, el Estado colombiano "violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial ya que no actuó con la debida diligencia en la investigación", en la que "no logró el esclarecimiento de los hechos ni la identificación de los responsables al menos durante 11 años".

Según la comisión, "existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir un ataque o agresión, debido a que había sido víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida e integridad personal antes de su secuestro, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades estatales en diversas ocasiones".

El organismo consideró que con este caso se aborda "la temática referida a las formas diferenciadas de violencia y discriminación contra las mujeres periodistas en el ejercicio de sus labores por parte de actores no estatales".

"La privación de libertad, los ataques y violación sexual fueron ejecutadas contra Jineth Bedoya como represalia por su labor periodística, vulnerando aspectos esenciales de su vida privada, del derecho a la libertad de expresión, y del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación", agregó la CIDH.

EFE