Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo y tras dos años de discusión, la Corte Constitucional dio vía libre a lo que será el inicio de la anunciada reforma agraria del nuevo gobierno de Gustavo Petro.

Este fallo trascendental, discutido y aprobado este viernes, dejó sin seguridad jurídica los títulos de posesión o pertenencia de terrenos baldíos o predios rurales reconocidos por jueces de la República desde hace varias décadas.

El informe de Norbey Quevedo, director de la Agencia de Periodismo Investigativo, revela que la decisión se adoptó tras la revisión de 13 de los fallos de tutela que manejaban juzgados de Boyacá y Málaga en Santander, así como las respectivas salas Civil y de Familia en segunda instancia.

Otras acciones fueron radicadas en contra de nueve juzgados de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Despachos judiciales que conocen de todas las áreas del derecho en poblaciones pequeñas como Tibirita, Cundinamarca o Toca en Boyacá.

El demandante, la Agencia Nacional de Tierras, fue la entidad creada durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, para responder a los retos del posconflicto en lo concerniente al desarrollo del campo y, “la implementación de los acuerdos suscritos en el marco del proceso paz”.

En 2016, el entonces director de la ANT, Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper, interpuso varias acciones de tutela en contra de estos pequeños juzgados porque consideraba que se habían vulnerado derechos al debido proceso, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y al patrimonio público.

Así las cosas,  los magistrados dejaron sin validez los títulos de posesión o baldíos reconocidos por la justicia, lo que para los analistas, es el abrebocas e instrumento de redistribución de tierras y reforma agraria anunciada por el nuevo gobierno.

Según la Corte Constitucional, los jueces promiscuos de estas poblaciones reconocieron derechos posesorios y de pertenencia a ciudadanos quienes argumentando el tiempo establecido en la ley y sin carecer de antecedentes registrales reclamaron lotes y terrenos como propios, a pesar que, según la entidad, eran baldíos, indica el informe del periodista Norbey Quevedo.