La Contraloría General de la República encontró múltiples deficiencias en la gestión que ejercen la Corporaciones Autónomas Regionales para prevenir, controlar y la minería ilegal en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca.

Así lo indican las recientes auditorías que ha realizado la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, que incluyen la evaluación de gestión de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia respecto de la presencia de minería ilegal en los Parques Nacionales Naturales.

Como resultado de la evaluación se establecieron para el año 2016, un total de 26 hallazgos administrativos, de los cuales 18  tienen posible alcance disciplinario; y 2 hallazgos con alcance fiscal por valor de $330 millones para la Corporación Autónoma Regional del Cauca, por asumir la recuperación de impactos ambientales generados por terceros en predios particulares.

Para el año 2017, se encontraron 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y 1 con presunto alcance penal.  En todos los casos  se realizaron los trasladados a la Procuraduría General y Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

La Contraloría encontró, que no hay coordinación interinstitucional entre las entidades involucradas en el proceso de prevención control y erradicación de la minería ilegal: las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, no se articulan con las alcaldías municipales, ni con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para ejecutar acciones oportunas que garanticen la protección del ambiente.

Además, a pesar de que las Corporaciones Autónomas Regionales evidencian la afectación a los recursos naturales (agua, suelo, aire), no se toman las medidas sancionatorias contra los presuntos responsables ni mucho menos las medidas compensatorias frente a los impactos y daños ambientales causados.

Al evaluar los expedientes sancionatorios que cursan en las Corporaciones se evidenció que no se da cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la imposición de medidas preventivas, legalización, seguimiento, imposición de sanciones y compensaciones; hecho que permite que la actividad minera ilícita se incremente, así como los daños y pasivos ambientales que conlleva.

Las Corporaciones Autónomas Regionales CSB, Corpoboyaca, Corpochivor, CAR, Corpoguavio y Corponariño, presentan demora e incumplimiento de términos establecidos en la Ley 1333 de 2009 y falta de seguimiento a las medidas preventivas impuestas por minería ilegal en el área de su jurisdicción.

Además de lo anterior, los elementos decomisados como dragas y químicos son dejados en custodia de las mismas personas que están explotando de manera ilegal, lo que evidencia permisividad de la Corporación e incumplimiento de sus funciones de vigilancia y control.

Así mismo persisten los impactos, daños y pasivos ambientales que esta actividad conlleva para las fuentes hídricas, el bosque y la salud humana.

Se evidenció falta de acompañamiento y soporte técnico de parte de las Corporaciones con jurisdicción en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó en los operativos contra la minería ilícita que realiza el Ejército y la Policía Nacional, siendo un factor importante y necesario para identificar, medir y actuar contra el alto impacto ambiental que causa la actividad minera ilegal. Se observó que la Policía y el Ejército Nacional informan un número elevado de operativos  a los cuales las Corporaciones no asisten.

Dentro del ejercicio auditor se encontró que algunas Corporaciones no tramitan de manera oportuna las solicitudes relacionadas con el otorgamiento o no de los instrumentos ambientales que le aplican a las explotaciones mineras; por esta razón tienen solicitudes radicadas muchos años atrás sin respuesta de otorgar o negar la solicitud.