Un contrato por $974 millones para el mantenimiento de las piscinas de la Universidad del Atlántico, está siendo verificado por la rectoría de Leyton Barrios ante presuntas irregularidades.

Esas piscinas fueron clausuradas en marzo de este año por la Secretaría de Salud de Puerto Colombia ante el incumplimiento de las normas sanitarias de la calidad del agua y la infraestructura.

Greisy Rodríguez, secretaria de Salud de Puerto Colombia, en diálogo con Zona Cero, aseguró que desde Bienestar Universitario se recibió un comunicado urgente en el que se solicitaba la intervención inmediata de las entidades territoriales del municipio y del departamento para realizar una inspección higiénico-sanitaria de las piscinas.

El 24 de abril de este mismo año, la Universidad del Atlántico anunció la reapertura de las piscinas luego de que las autoridades sanitarias del municipio realizaron una verificación del estado de las piscinas, el cual determinó el levantamiento de la medida preventiva.

Dicha decisión, según la Uniatlántico, fue formalizada mediante el Acta Número. 001, suscrita por funcionarios de la autoridad sanitaria, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9 de 1979 y la Resolución 234 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.

No obstante, las piscinas de la institución vuelven a ser noticia, ahora por el convenio administrativo de $974 millones para su mantenimiento, el cual se conoce después de la publicación divulgada por este medio donde se informa sobre las presuntas irregularidades en otros tres contratos.

Todos estos contratos fueron suscritos bajo la rectoría de Rafael Castillo Pacheco.

"Para nadie es un secreto que durante los últimos meses la autonomía de la Universidad del Atlántico fue afectada y que muchos de sus procesos permanecieron congelados. Hoy nos corresponde una tarea ardua: revisar qué encontramos, identificar los posibles hechos irregulares y ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes", indicó Barrios a Zona Cero.

"Ya hemos encontrado contratos millonarios relacionados con la salud mental, la salud física y otros servicios de la Universidad que estamos revisando con absoluto rigor", agregó.

Según el rector, en las últimas dos semanas, el comité de seguimiento, encontró otro caso que les "llama poderosamente la atención": el contrato de mantenimiento de las piscinas por $974 millones, cuya ejecución y alcance están verificando.

"No vamos a permitir que los recursos de la Universidad se manejen de espaldas a la comunidad universitaria. Cada peso debe estar destinado a cumplir la misión institucional y a garantizar el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y trabajadores", manifestó

Añadió que recibió una Universidad que llevaba meses "congelada en muchos de sus procesos, y hoy estamos descongelándola, pero también estamos revisando qué ocurrió durante ese tiempo con sus recursos".

"Hemos encontrado presuntas irregularidades en contratos relacionados con la salud mental, la salud física y otros servicios, y ahora aparece un nuevo caso que debe ser explicado: cerca de $974 millones destinados al mantenimiento de las piscinas. Aquí no se trata solamente de cifras; se trata de recursos públicos que debieron estar al servicio de la comunidad universitaria", expresó el rector de la institución.

Puntualizó que van revisar "contrato por contrato, proceso por proceso, y entregaremos los hallazgos a las autoridades para que sean ellas las que determinen las responsabilidades a que haya lugar".

"Nuestra obligación es defender la autonomía universitaria, pero también garantizar que esa autonomía se ejerza con transparencia, legalidad y responsabilidad", expresó Barrios.

"Definitivamente, la universidad estuvo instrumentalizada para lograr un objetivo politiquero y se jugó con el presupuesto de la institución. Encontramos lo que, al parecer, se configuraría en una fragmentación de contratos para determinando evento", añadió.

Los otros tres contratos

Los otros tres procesos contractuales que presentaron presuntas irregularidades, de acuerdo a lo detectado por la Veeduría Administrativa y que conllevaron a que el Ministerio de Educación le pidiera explicaciones a la institución, son: dos contratos con la empresa Suministros y Servicios B.O. SAS, por $122.479.756 y $87.498.320, respectivamente; y otro con Link Marketing & Servicios SAS por $697.340.000.

Detalles de los convenios

- El primer contrato fue suscrito por los servicios de alojamiento, alimentación, catering, suministro de vestuario y transportes requeridos para garantizar la adecuada participación de la Universidad del Atlántico en los juegos regionales Ascun Cultura 2026.

- El segundo contrato fue establecido por los servicios profesionales en logística integral para el desarrollo de la celebración del Día del Maestro, incluyendo suministro de elementos, apoyo operativo, montaje, actividades culturales, refrigerios, reconocimientos y demás componentes necesarios para la ejecución del evento.

- El tercer contrato fue suscrito por servicios de operación logística, producción técnica, soporte operativo, transporte y apoyo requeridos para la planeación, organización, ejecución y desmontaje de los diferentes eventos institucionales, culturales, recreativos, académicos, artísticos, deportivos y de integración programados por la vicerrectoría de bienestar universitario.

Los dos primeros contratos iniciaron el 20 y 21 de mayo de 2026, y el tercero el 4 de junio de este mismo año.

El Ministerio solicitó bajo qué fundamentos legales y estatutarios fueron adjudicados los procesos "habida cuenta de las irregularidades procedimentales identificadas, indicando específicamente qué norma o causal del Estatuto de Contratación amparó cada actuación cuestionada".

También pidió informar qué acciones correctivas, disciplinarias o administrativas internas se adelantarán o se han iniciado respecto de los tres procesos señalados, "que fueron adjudicados y ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales exigidos por el propio Estatuto de Contratación, la Circular del 28 de enero de 2026 y la normativa nacional aplicable".

Además, con respecto al primer contrato mencionado, con la empresa Suministros y Servicios B.O. SAS, pidió explicaciones bajo qué criterio o autorización institucional se permitió el inicio de la ejecución del convenio "sin que las pólizas de seguro estuvieran constituidas y aprobadas con anterioridad al evento (16 de mayo de 2026), siendo que las mismas fueron expedidas con posterioridad (20 de mayo de 2026)”.

El Ministerio también exigió explicar las razones por las cuales la empresa  Suministros y Servicios B.O. SAS fue habilitada jurídicamente en dos procesos consecutivos, "a pesar de que su representante legal no acreditaba estar al día en el pago de aportes parafiscales, conforme a la información del SISPRO y el RUAF, y precisar quién fue el funcionario responsable de la verificación de dicho requisito habilitante".

Además indicar por qué en estos dos proceso contractuales no se exigió ni se subsanó de oficio la presentación del Formato Único de Hoja de Vida del DAFP, siendo este un requisito habilitante jurídico expresamente señalado en los estudios previos, y quién fue el analista responsable de la revisión jurídica de esos expedientes.

Llama la atención que la cartera nacional de Educación pidió informar si el contrato DBS-185-2026 con Link Marketing & Servicios SAS "ha tenido inicio efectivo de ejecución, si se desembolsó el anticipo del 40% ($278.936.000 COP), y si las pólizas fueron constituidas y aprobadas con anterioridad al inicio, conforme lo exige el artículo 59 del Estatuto de Contratación".

La Jefa Departamento de Gestión de Compras y Contratación, Eliana Severiche Peñaranda, respondió que el contrato "cuenta con un pago realizado posteriormente finalizada la ejecución del contrato y fue por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($697.340.000,00) M/L, pues el anticipo no fue cobrado por el contratista".

"Las pólizas constituidas en razón del contrato fueron aprobadas previo inicio de ejecución del mismo, tal como consta en el aprobado de la póliza que se registra en el expediente contractual del proceso compartido en esta respuesta", agregó.