La Contraloría General de la República (CGR) concluyó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019, que arroja varias conclusiones sobre estos procesos, empezando porque al finalizar 2019 involucraban un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias y, en muchos casos, se están llevando hasta dos décadas para llegar a su fin. 

El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, lo cual para el organismo de control podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias.   

También son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatorio correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años. 

Un caso que merece especial atención es el de la Caja Agraria cuyo proceso liquidatorio supera los 27 años. 

Las principales conclusiones de este estudio, adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, son las siguientes: 

A diciembre de 2019 el valor total de los activos o recursos públicos de las entidades en liquidación (con o sin negocio fiduciario), era de $2,26 billones que se destinan a cumplir con el pago de las acreencias propias de estas entidades. 

Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones.  

De esos 51 negocios, se evidenció que 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-3.791 millones). 

La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de INCODER y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas. 

Esto podría darse toda vez que el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento, afectando el equilibrio presupuestal de los rubros inicialmente apropiados en la ley de presupuesto de la vigencia fiscal.    

De los 51 negocios fiduciarios, el 82,35% (42) son administrados por las tres fiduciarias públicas: Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducóldex.  

En cuanto al monto total administrado ($1,64 billones), se evidenció que el Estado, a través de sus tres fiduciarias, administra el 94,43% del total de los recursos públicos ($1,55 billones), siendo la Fiduprevisora la que mayor cantidad de recursos administra ($0,74 billones). 

Lo anterior, permite afirmar que no es relevante el papel de los privados en la administración de recursos públicos en negocios fiduciarios. 

De otro lado, son 19 las entidades cuyos procesos liquidatorios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores, dentro de las cuales se evidenció la existencia de una con patrimonio negativo. 

Se trata de Saludcoop E.P.S., con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.  

La revisión realizada a través del aplicativo SIRECI de la CGR, en donde se registra la información de la rendición de la cuenta fiscal de todos los sujetos de control, mostró que sólo existe información financiera de 9 de esas 19 entidades, correspondiente a los años 2010, 2015, 2016 y 2018. 

Tal situación evidencia el incumplimiento constante por parte de estas entidades en liquidación, de rendir a tiempo la información financiera y de gestión a la CGR. 

El estudio reafirma además la situación evidenciada por la Contraloría en un estudio anterior, en el sentido que no existe una normativa unificada, ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en buena medida sus continuas prórrogas.  

Una conclusión final es que, si bien las normas que regulan los procesos de liquidación se constituyen en instrumentos eficaces para culminar algunas actividades de difícil trámite, continúa sin resolverse la problemática generada por la administración del pasivo pensional y las contingencias, donde se requieren medidas de fondo, que se apliquen de manera uniforme en todas estas entidades.