La Contraloría informó de 21 hallazgos tras realizar una auditoría a la gestión fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por $81.593 millones.

De los 21, 20 tienen presunta connotación disciplinaria, tres posibles incidencia penal, uno en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y siete incidencia fiscal.

Apunta el órgano de control que se evaluaron tres componentes principales: Pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluyendo el nuevo modelo.

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Se encontró como resultado de esta auditoría inconsistencias en la gestión de cobro de cartera y la adecuación de depuración de obligaciones prescritas, la provisión de procesos judiciales en contra del Fondo, el registro de mesadas pagadas con posteridad al fallecimiento de los destinatarios y la falta de registro de provisiones de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuesta.

Por la ineficiente gestión en el cobro de cartera, se constituyó hallazgo con incidencia fiscal por cerca de $23.800 millones.

Igualmente, se identificaron 46 fallos pagados después de diez meses a partir de la fecha de ejecutoria, incumpliendo el plazo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ocasionando el pago de intereses moratorios por cerca de $3.210 millones, lo que genera menoscabo del patrimonio público, configurando así un hallazgo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria.

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La Contraloría también recalcó que se encontró presunta corresponsabilidad en la Fiduprevisora, por lo que reiteró el llamado a que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones evidenciadas.

Nuevo sistema de salud

La entidad también informó de hallazgos en el nuevo sistema de salud del magisterio.

Entre ellos está la omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de contratos y facturas provisionadas al cierre de 2024, por cerca de $75 mil millones.

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También la inoportunidad en la formulación de glosas a facturas de prestación de servicios médicos y se evidenciaron que en 52 contratos, por cerca de $648 mil millones, no se suscribió acta de inicio.

Se identificaron 13 contratos de prestación de servicios de salud por cerca de $525 mil millones que iniciaron ejecución sin la expedición previa de los correspondientes CRP.