Con hallazgos fiscales por $55.195 millones de pesos concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la conectividad en las Instituciones Educativas de 6 departamentos del país, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander, así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel).

Así lo informó este martes la Contraloría General de la República en un comunicado de prensa en el que se precisa que "adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones".

“Nos preocupa lo que podamos llegar a encontrar en el resto de departamentos, si en una muestra tan pequeña detectamos situaciones tan delicadas”, expresó uno de los investigadores que adelantó esta Actuación Especial.

El objeto de la Actuación Especial fue mirar cómo se había contratado el servicio de conectividad, es decir el internet que se adquirió en las Instituciones Educativas de estos departamentos, para lo cual se analizó una muestra de $157.745 millones de pesos, 12 proyectos y 25 contratos.

Es importante destacar que, de los 25 contratos auditados, el 80% corresponde a una sola empresa (Funtics), según se pudo determinar a través de la plataforma Oceáno de la CGR. Aquí se configura un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos.

Para realizar esta Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría verificó la conectividad de 3 mil instituciones educativas, se hicieron cruces de bases de datos con los ministerios de Educación y de las TICS y se verificaron facturas de operadores de telecomunicaciones (cruzadas con información remitida por algunos de estos, que colaboraron con la investigación).

Y en materia de conectividad y software, la Contraloría Delegada de Regalías para TICS auditará este año más de $100 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje importante corresponde a la empresa Funtics.

Los 7 “Mega Hallazgos”

En general, se manejaron en esta Actuación Especial 7 modelos de hallazgos relacionados con el tema de conectividad:

1- Pagos por períodos de inactividad económica: El primero fue el de pagos por períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones pagaron por servicios de internet en períodos donde los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones.

Se pagaron 599 días de conectividad, que realmente nunca se prestaron. Los servicios se adquirieron sabiendo que los mismos no se podían prestar para esa época.

Un caso donde se dio esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4 años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 día en recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones.

2- Doble conectividad: Un segundo modelo de hallazgo es de la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas sus iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones.

La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC.

Un ejemplo palpable de esta situación se encuentra en Santander, en el contrato 1335 de 2017, donde se iban a beneficiar 320 Instituciones Educativas con el servicio de conectividad, de las cuales en 114 hubo traslape, o sea ya se tenía el servicio contratado.

3- Pago por servicio no prestado: También se dieron hallazgos por pagos de servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad.

Se determinó cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al Sistema General de Regalías alrededor de $10.949 millones.

Se dejaron de entregar 50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender el servicio de conectividad de 5 mil escuelas.

En el departamento de Magdalena, por ejemplo, en el contrato 1929 de 2015, se contrataron 34.560 megas y se dejaron de entregar 17.576, o sea un poco más de la mitad, lo que le costó al Sistema General de Regalías unos $2.321 millones.

4- Sobrecostos: Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $ 1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores.

Por decir un ejemplo, mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista Funtics el mega a $113.700, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la Guajira a $321.685, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de 2016).

5- Intermediación innecesaria: También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó.

6- Fallas en interventoría:  Para la Contraloría, los hallazgos antes relacionados denotan una falta absoluta de idoneidad y de control en los procesos de interventoría de los contratos. En interventoría se encontraron hallazgos fiscales por $6.535 millones.

7- Continuo desuso de software (“elefantes blancos” virtuales): La Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blanco Virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se izó.

Esto se determinó en dos proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de “Elefantes Blancos Virtuales” por $15.315 millones.

En ambos casos, se contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las plataformas y nunca lo volvieron a hacer.