Con 16 hallazgos fiscales por $8.157 millones de pesos y nuevamente un balance poco alentador sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), culminó la más reciente Actuación Especial de la Contraloría General de la República sobre la labor que adelanta dicha entidad como administradora de los bienes que se encuentran extintos o en proceso de extinción de dominio.

Como resultado de esta Actuación, la Contraloría concluyó que “la gestión de la SAE ES INEFECTIVA respecto de la administración de los bienes inmuebles con medidas cautelares”.

En total, el organismo de control determinó 27 hallazgos administrativos, 16 de los cuales tienen incidencia fiscal por valor total de $8.157.953.409 y están originados precisamente en la falta de gestión de la SAE en la recuperación de los recursos obtenidos por concepto de la productividad de los bienes del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que administra.

Si bien es cierto, la SAE ha implementado mecanismos de control y seguimiento con el objeto de minimizar los riesgos en la productividad de los bienes inmuebles, estas no han sido efectivas ni suficientes, por cuanto se determinó que aproximadamente $2.655 millones se están quedando en manos de terceros y no están ingresando al Frisco.

Tal situación genera una lesión al patrimonio público, producida por una gestión fiscal ineficiente e inoportuna.

Bienes en los que se ha perdido la titularidad

La Contraloría estableció, igualmente, la existencia de bienes respecto de los cuales se ha perdido la titularidad, por falta de diligencia y cuidado de la SAE en su administración. Es el caso de los inmuebles con Ficha Comercial Inmueble FMI  080-38313, 080-28092 y 080-48254 de la zona de El Rodadero, en Santa Marta; 370 -328529 ubicado en Cali; y 50 N-20079500 de Bogotá.

Sistemas de información no cumplen criterios de seguridad y calidad

Se determinó también que los sistemas de información dispuestos por SAE, para el procesamiento y control de la información de bienes inmuebles y sus bases de datos no cumplen a cabalidad con los criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), calidad (efectividad, eficiencia y confiabilidad) y cumplimiento (oportunidad y satisfacción de necesidades de clientes tanto internos como externos).

Depositarios removidos que continúan administrando bienes  

La CGR evidenció que, pese a que la SAE ha removido a depositarios que han incumplido con sus obligaciones, los bienes correspondientes continúan bajo su administración, debido a la falta de retoma física por parte de esta entidad, situación que pone en riesgo los recursos de la productividad, toda vez que el ocupante continúa cancelando los cánones de arrendamiento al depositario removido.

Deudas de removidos

De una muestra seleccionada de depositarios provisionales removidos por la SAE (6), se encontró que todos ellos adeudan recursos al FRISCO hasta mayo de 2019, por un valor de $5.502 millones.

Esta situación obedece a una gestión deficiente en el cobro y recuperación de los recursos en manos de depositarios removidos, como resultado de debilidades en el seguimiento y monitoreo que realiza la SAE.

SAE no tiene un inventario actualizado

No obstante que la SAE tiene la administración de los bienes del FRISCO desde la 2014, y que con anteriorioridad ejercía como depositario provisional de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), después de transcurridos cinco años, aún no tiene un inventario actualizado, depurado y confiable sobre el estado administrativo, jurídico, financiero y económico de los activos.

Acciones legales para cobro de cartera

La SAE no ha sido efectiva ni eficiente en las acciones de cobro de cartera, posterior a la expedición de la resolución que presta mérito ejecutivo, dejando en mano de algunos depositarios los recursos percibidos por la productividad de los mismos, lo cual por no tener una acción persuasiva de cobro.

Estado de los inmuebles administrados

Una de las herramientas que utiliza la SAE para realizar las ventas de los inmuebles con medidas de extinción de dominio, es a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA); y la Contraloría determinó que varios de estos inmuebles que se encuentran “transferidos” a esa entidad, presentan situación de abandono, llevando meses y hasta años desocupados, sin generar productividad, que garantice como mínimo su condición habitable o de conservación.

Adicionalmente, producto de las debilidades en los controles, en la identificación y detección de riesgos inherentes en los procesos de administración de los bienes del FRISCO, se encontró en las visitas realizadas que los inmuebles “desocupados” se encuentran en condiciones de deterioro, abandono y pérdida del valor comercial de los mismos. Hay algunos bajo administración directa y otros a través de depositarios provisionales.

Otro riesgo de pérdida de los recursos públicos

En las visitas de campo realizadas por la CGR, se definió que los inmuebles que la SAE registra en estado de “ocupación ilegal”, son aquellos que no tienen formalizado un contrato de arrendamiento.

Sin embargo, en mucho de estos inmuebles los ocupantes son de buena fe y muestran interés en realizar el proceso de normalización y legalización de la ocupación y la SAE no es oportuna y diligente en el trámite correspondiente, situación que dilata el recaudo de la posible productividad generada, conllevando directamente a un riesgo de pérdida de los recursos públicos.

*Con información Contraloría General de la República