La Contraloría emitió una advertencia a la Superintendencia de Salud por el deterioro "crítico y sostenido" de las EPS bajo intervención forzosa administrativa.

El ente de control concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema; por el contrario, hay riesgos "relevantes" sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio.

La Contraloría evidenció un deterioro significativo en la situación financiera de las EPS intervenidas, con riesgos para la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud.

¿Qué identificó la Contraloría?

Nueva EPS: La entidad más grande del país, con 11,6 millones de afiliados, no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025, lo que impide validar la veracidad de su información contable ante el ente de control. Adicionalmente, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría identificó un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.

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Deterioro del endeudamiento: EPS como Savia Salud dispararon su nivel de endeudamiento de 4,41 a 11,73, es decir, el 166%; Coosalud y Famisanar también registran indicadores de solvencia en niveles críticos, con patrimonios que se hunden en cifras negativas millonarias.

Para el caso de Famisanar EPS S.A.S., el deterioro pasó de un estado aceptable de 1,00 a una condición crítica de 4,08 a diciembre de 2025, reflejando un incremento sustancial en el riesgo financiero y un deterioro acelerado en la estabilidad financiera de la entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que los rangos para el indicador de endeudamiento son: bueno (menor a 0,70), aceptable (entre 0,70 y 1,0) y crítico (mayor a 1,0).

Incremento de pasivos: De acuerdo con el autorreporte cargado por las EPS intervenidas a la SNS, se evidencia que en Coosalud EPS los pasivos aumentaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025, lo que refleja un deterioro financiero progresivo y un aumento en las obligaciones frente a la red prestadora y otros acreedores.

Inoperancia de la intervención: En la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente desde que la Superintendencia Nacional de Salud intervino estas EPS.

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Deterioro patrimonial: EPS como Famisanar pasaron de un patrimonio de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones a finales de 2025.

Resultados operacionales negativos: La rentabilidad operacional es negativa en las EPS analizadas, lo que limita su capacidad para sostener la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad.

Medicamentos: Las EPS analizadas e intervenidas presentan niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos.

Acceso al derecho fundamental a la salud por vía judicial

El derecho a la salud se ve comprometido por el incumplimiento de las EPS en la ejecución de órdenes judiciales, toda vez que ninguna de las ocho entidades que han estado en medida de intervención —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el 100% de cumplimiento en fallos de tutela; en particular, Emssanar presenta el nivel más bajo, con solo el 4,48% de cumplimiento de tutelas que buscan proteger el derecho a la salud.

Peticiones, quejas y reclamos (PQR)

La insatisfacción de los colombianos con el servicio de salud alcanzó niveles históricos durante 2025, con un total de 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos (PQR), lo que representa un incremento del 27,4% frente a 2024; en este contexto, la Nueva EPS concentra el mayor número de casos (518.211), seguida por Salud Total (276.010) y Sanitas (265.896), siendo los principales motivos la negación en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas.

Con información de la Contraloría