Ante la decisión de la Cancillería de no conciliar por la licitación de pasaportes, Thomas Greg & Sons confirmó que demandará al Estado, lo que ha generado preocupación en la Contraloría General de la Nación.

Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, anunció en una rueda de prensa que si el Gobierno pierde esta demanda, tomará medidas contra los involucrados.

"Una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. De manera inmediata se deben iniciar medidas cautelares contra los involucrados o responsables por haberle causado un daño al patrimonio público", indicó Zuluaga.

El contralor también señaló que en caso de abrir un proceso los bienes de los responsables son embargados, por lo que no descartó que en este caso le pase al canciller Álvaro Leyva, ya que es directamente responsable de lo que podría ser un detrimento patrimonial.

Zuluaga recordó que su opinión solo se basa en un supuesto, ya que aún están en trámites judiciales las dos partes.