La Contraloría General lanzó una nueva alerta pues a pesar de que el presupuesto del sector defensa se ha incrementado en los últimos tres años, persiste una insuficiencia de recursos para atender "de manera integral" las necesidades en modernización, mantenimiento de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

El órgano llega a esta conclusión después del accidente de la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, que le costó la vida a 69 personas de la Fuerza Pública.

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Esta aeronave no tenía aseguramiento, así como el restante 81% de la flota, lo que desde la perspectiva fiscal y de la gestión del riesgo, adquiere relevancia porque expone al Estado a asumir directamente los impactos económicos derivados del evento, incluyendo eventuales obligaciones indemnizatorias.

Según la Contraloría, en el presupuesto del sector defensa hay un alto componente de funcionamiento, superando a la inversión.

Esto "ha limitado el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la adopción de esquemas robustos de mitigación de riesgos".

La entidad identificó que en 2026 hay una recuperación en el componente de inversión, pero requirió al Gobierno que sea un comportamiento "sostenido" y responda a una "planeación estructurada orientada a garantizar la seguridad operacional, la protección del personal y la adecuada administración de activos estratégicos". 

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Alertó la Contraloría que hay riesgos estructurales que inciden en la sostenibilidad del sector defensa, entre los cuales se destacan el rezago en la inversión en tecnología e innovación, el riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones, y la restricción de recursos del sector, frente a lo cual se ha reiterado la necesidad de adoptar decisiones que garanticen su disponibilidad oportuna.