La Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico alertó que la reducción del déficit habitacional continúa siendo limitada, desigual y marcada por rezagos estructurales en materia operativa, territorial y de articulación institucional.

Aunque el déficit habitacional disminuyó del 36,6% en 2018 al 26,8% en 2024, esta reducción no ha sido homogénea, según se explica en el estudio estructural 'Evaluación de los avances y desafíos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la reducción del déficit habitacional para el cuatrienio 2022-2026'.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

Es decir, los mayores avances se concentran en zonas urbanas, mientras que los territorios rurales y los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) mantienen rezagos que limitan el acceso equitativo a soluciones habitacionales. 

De esta manera, la brecha urbano-rural, aunque se redujo, continúa siendo una de las desigualdades más profundas del país, alcanzando 43,9 puntos porcentuales. 

En el informe también se alerta de un deterioro en la ejecución de los recursos orientados al acceso a vivienda medido por los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Entre 2022 y 2025, la ejecución presenta caídas progresivas, incluso con mayores apropiaciones presupuestales.

Además, la Contraloría indicó que se podría tener una asignación distorsionada de los subsidios, puesto que un hogar podría recibir apoyos de Fonvivienda y las cajas de compensación.

"Esta posibilidad incrementa el riesgo de doble contabilización, ya que la suma de subsidios no representa necesariamente un mayor número de hogares beneficiarios distintos, sino una acumulación de apoyos sobre los mismos hogares".

Te puede interesar: "No se pueden meter más grupos hasta no concretar algo con 'Costeños' y 'Pepes'": Gobierno

A esto se suma un desfase entre la asignación y la ejecución de los subsidios, lo que prolonga en el tiempo la materialización de los resultados y afecta la lectura real del desempeño de la política.

Asimismo, la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, junto con la limitada cofinanciación territorial, restringe la sostenibilidad financiera del modelo de vivienda. 

La Contraloría destacó que los programas de mejoramiento de vivienda presentan mejores resultados en costo-beneficio, mientras que la vivienda nueva, especialmente en zonas rurales, registra mayores costos unitarios y menor impacto relativo.