Contralores departamentales de la Costa Atlántica llamaron hoy la atención por el anuncio del agente interventor de Air-e, Carlos Diago, que estudia la posibilidad de suspender el cobro de los impuestos de alumbrado público y seguridad, en Barranquilla, y de aseo, en los municipios en donde opere la empresa Interaseo.

Advierten sobre los riesgos de una posible suspensión de estos cobros para la seguridad en los municipios de la región y en el alumbrado público.

Yadira Morales, Contralora departamental en Atlántico, señaló que a los entes de control "nos preocupan los efectos adversos que esta decisión pueda tener ante temas tan sensibles como el alumbrado público y la incidencia que esto pueda tener en los índices de seguridad en los departamentos afectados".

Se advierte que "el anuncio de sacar de facto del ordenamiento jurídico un acto administrativo con plena presunción de legalidad, como lo es el acuerdo de la Asamblea departamental, que habilita a la empresa de servicio público de energía a hacer el cobro de la tasa de seguridad".

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Recordó la Contralora que "el agente interventor manifestó que este cobro es ilegal e inconstitucional, pero todos debemos conocer qué todo servidor público, cómo es el agente interventor, está llamado y obligado a cumplir la ley, los actos administrativos y la presunción de legalidad".

Opinó que en este orden de ideas para el agente interventor "la vía legal es presentar una demanda de nulidad ante un juez contencioso administrativo para que él, al final de un proceso judicial, así lo decida, si lo considera, y sacarlo del ordenamiento jurídico. No puede ser una decisión de facto porque es violatoria de la ley".