El Contralor General Edgardo Maya Villazón requirió a la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Cristina Giha Tovar, que denuncie los casos de violación de la normatividad de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se pudieron dar durante toda la vigencia 2016.

El ente de control subrayó la necesidad de “frenar de una vez por todas la contratación directa, y sin sometimiento a proceso licitatorio, con entidades sin ánimo de lucro que, para el caso particular del PAE, buscan apoderarse de los recursos destinados a la entrega de complementos alimentarios  a los escolares”.

Las auditorías realizadas por la CGR al manejo de los recursos del PAE en 24 departamentos del país evidencian hallazgos fiscales por un valor total de $62.448 millones, primero $12.745 millones en los siete departamentos de la Región Caribe y posteriormente $49.743 millones en 18 departamentos, incluido, una vez más, La Guajira.

El contralor Maya Villazón recordó que el Ministerio de Educación Nacional expidió una resolución con los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que la misma establece que “las Entidades Territoriales que ejecuten los recursos presupuestales deben adelantar oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar. Esta contratación debe adelantarse de acuerdo con las modalidades y el procedimiento establecido por las normas de contratación pública”.

Sin embargo, subrayó el Contralor General,  los entes territoriales continuaron contratando el PAE, en la vigencia 2016, de manera directa a través de Convenios de Asociación con entidades sin ánimo de lucro, por lo que “…en consecuencia, es necesario hacer cumplir con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Administrativos del PAE, y que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017, se dé cabal cumplimiento a lo allí estipulado”, a partir del próximo primero de junio.

La escogencia del contratista en la administración pública se deberá hacer a través de licitación pública, en garantía de la selección objetiva, salvo las excepciones previstas por la Ley, puntualizó el ente de control.

Maya Villazón recordó a la ministra de Educación Nacional dos fallos de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en esa dirección, o sea señalando la necesidad de adelantar una licitación pública como procedimiento de selección y asegurando que se contraten entidades de reconocida experiencia e idoneidad, debidamente demostrada.