La prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el abastecimiento del gas natural son de interés estratégico.

Así lo aseguraron las empresas Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP, tras la decisión del Gobierno de liquidar la empresa Air-e, decisión que catalogaron como “apresurada y no fundamentada”.

El gremio energético indicó que Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico, de los cuales alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos, gran parte de los cuales, importa actualmente el 30% del gas natural que requiere el país.

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“La ausencia de una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural y la atención de estos compromisos afecta la cadena de pagos del sector, compromete la liquidez de múltiples agentes y aumenta los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, se lee en un comunicado.

Señaló, además, que la situación adquiere “mayor relevancia” ante el fenómeno de El Niño que se extenderá durante los próximos meses, escenario que demanda “condiciones adecuadas de solvencia financiera y operación" para garantizar el abastecimiento energético y de gas natural para el país.

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“En este contexto, cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la estabilidad y confiabilidad del sistema. La liquidación debe sujetarse a las condiciones y procedimientos previstos en la ley. La modalidad de toma de posesión en la que actualmente se encuentra Air-e contempla una etapa de administración temporal orientada a estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad de la prestación del servicio y la atención de las obligaciones existentes”, afirmó el gremio.

Asimismo, indicó que es necesario agotar “los mecanismos de solución empresarial” que se han previsto en el ordenamiento jurídico antes de una eventual liquidación, definiendo un esquema que “garantice la continuidad del servicio y el manejo de los pasivos acumulados”. Sin embargo, al no tener en cuenta esos aspectos podría “desnaturalizar los objetivos que sustentan la intervención estatal y podría generar riesgos adicionales para el sistema eléctrico nacional”.

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“Es relevante contar con claridad sobre los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual decisión relacionada con el futuro de Air-e. Así mismo, es importante que los distintos actores del sector conozcan los análisis realizados en torno a los posibles impactos para los usuarios, la prestación del servicio y el funcionamiento de la cadena energética. Una decisión de esta naturaleza se beneficia de una comprensión amplia de los retos identificados, los criterios considerados y las alternativas evaluadas en el marco de la intervención, contribuyendo así a generar confianza y previsibilidad para todos los involucrados”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de las propuestas entregadas por parte de los gremios que suscribieron el comunicado, a la fecha “no se ha dado a conocer una solución empresarial” para prestación del servicio de energía eléctrica en La Guajira, Magdalena y Atlántico, ni “mecanismos de financiamiento” del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que garanticen “la operación y pago de deudas” de la empresa intervenida.

“Hacemos un llamado a los organismos de control para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las acciones preventivas y de seguimiento pertinentes en este proceso velando que cualquier decisión garantice la continuidad en la prestación los servicios públicos de energía eléctrica y de gas natural para los usuarios”, concluyó el documento.