El Consejo de Estado recibió este jueves una demanda contra un nuevo decreto del Gobierno que adelanta parte del cobro del impuesto de renta de 2026, una medida que busca aliviar la falta de liquidez del Estado, pero que varios gremios han calificado como una "reforma tributaria escondida".

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La demanda fue presentada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, contra el Presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN).

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"Ante el tremendo raponazo (robo) que pretende realizar Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian al bolsillo de todos los colombianos, presenté demanda de nulidad ante el Consejo de Estado", escribió Soler en su cuenta de X.

🚨🇨🇴paso a Contarles, que ante el Tremendo raponazo, que pretende realizar gustavo petro, el Mini hacienda y la Dian al bolsillo de Todos los Colombianos 🇨🇴 presente demanda de Nulidad ante el consejo de Estado en la mañana de hoy, Argumento y motivó la “inconstitucionalidad del… pic.twitter.com/AFjIqHeAB0

— CR (RVA) Carlos Javier Soler P (@CarlosSolerPa) May 29, 2025

El documento solicita la nulidad del decreto al alegar una violación "flagrante" a la Constitución, "en particular el principio de legalidad tributaria", y pide además la suspensión provisional como medida cautelar "urgente para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional".

El Consejo de Estado estudiará la demanda contra el decreto con el cual el Gobierno pretende aliviar los problemas de la caja del Estado este año, en medio de una coyuntura fiscal marcada por el desbalance de ingresos.

El decreto fue expedido la víspera por el Ministerio de Hacienda y modifica una serie de tarifas de retención en la fuente y autorretenciones que serían aplicables a partir del próximo domingo, 1 de junio.

Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serían la extracción de oro y otros metales preciosos, de gas natural y de hulla (carbón de piedra). También la generación de energía eléctrica y producción de gas, todos estos con una tarifa del 4,5 %, según el decreto.

EFE.