Las demandas contra el Estado se convirtieron en los últimos 14 años en una vena rota para las finanzas públicas.

Así lo indica un estudio de la Contraloría General de la República, que calcula en $5.383 billones el total de pretensiones registradas contablemente por las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial, a 31 de diciembre de 2016.

"Las pretensiones registradas llegaron a $5.340 billones, encabezadas por entidades del sector social (con $3.043.9 billones), seguido por el sector Defensa, Justicia y Seguridad (con $1.210.4 billones). En el orden territorial, la mayor participación la registran los departamentos con $14.5 billones, comenzando con Antioquia ($6.4 billones), Sucre ($3 billones) y Córdoba ($0,75 billones), que suman el 70% del total de las entidades territoriales", precisa el informe.

En segundo lugar territorial, están los municipios con $9.8 billones, donde encabeza Medellín con $2.8 billones en pretensiones en contra y Cali con $1.1 billones, que representan el 40% del total de los municipios en solo dos ciudades.

En tercer lugar territorial, se encuentran las empresas de servicios públicos con $6 billones de pretensiones en contra, donde sobresale la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con $4.5 billones, 75% de las pretensiones de las empresas del nivel descentralizado territorial.

De acuerdo con la información reportada por las entidades públicas a la Contaduría General de la Nación, a diciembre de 2016, las que registraron mayores pretensiones en millones de pesos, fueron:

*Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: $3.019.977.214

*Ministerio de Hacienda y Crédito Público: $783.904.041

*Ministerio de Defensa Nacional: $616.849.587

*Policía Nacional: $526.540.127 

La demanda más representativa es la instaurada en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras entidades por $3.018.3 billones, correspondiente a una acción de grupo  por desplazamiento forzado en el municipio de Mapiripán (Meta), la cual está evaluada con riesgo bajo, de acuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica de la Entidad.

Otra de las conclusiones de este estudio, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, es que “Dada la evolución de los registros contables y de los recursos destinados para cubrir las condenas en contra de las entidades públicas y la representatividad de los intereses moratorios, se hace necesario implementar acciones inmediatas, contundentes y efectivas, con miras a la prevención del daño antijurídico y al fortalecimiento de la defensa jurídica de las entidades”.