“El concepto de paz está intrínsecamente cohesionado con educación en derechos humanos, como también con las libertades fundamentales, su comprensión más allá de las fronteras y el desarrollo sostenible”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la conmemoración del Día Internacional de la Educación. 

En esta fecha especial, el Defensor llama al Gobierno Nacional a implementar acciones y estrategias para que la educación tenga un papel crucial en el propósito de alcanzar la paz en el país.

“Aunque es significativo el trabajo mancomunado de los distintos actores de la institucionalidad gubernamental para ponerle fin al conflicto armado interno, también es vital poner a andar procesos pedagógicos sobre el desarrollo sostenible, ya que, por ejemplo, las comunidades requieren el conocimiento sobre cómo afrontar el cambio climático para la construcción de una sociedad perdurable”, asegura Carlos Camargo Assis.

Añade que la promoción de la dignidad humana, de la igualdad de género, el cuidado entre las mismas personas, de los demás, del planeta, asumir los desafíos de la educación en la era digital y garantizar el derecho fundamental a la educación contribuyen al propósito esencial, que es el de educar para la paz. 

Los esfuerzos en materia de política pública educativa deben enfocarse en el fortalecimiento de estrategias orientadas al goce efectivo del derecho a la educación. 

“La igualdad de oportunidades exige recibir más atención, fortalecer espacios de participación de la comunidad educativa, disponer de docentes idóneos y especializados en la cantidad necesaria durante todo el calendario escolar, acceder permanentemente a tecnologías, desarrollar currículos adaptados a los contextos actuales y establecer estrategias educativas flexibles”, indica Camargo Assis.  

De igual modo, añade el Defensor del Pueblo, “disponer de infraestructura educativa adecuada y con dotación de materiales bibliográficos y pedagógicos indispensables para el desarrollo de actividades académicas, como laboratorios y bibliotecas, y transporte escolar sistemático en las zonas rurales”.

El rol de la Defensoría en la promoción de la educación

La entidad, dándoles cumplimiento a sus funciones constitucionales y legales de promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, ha participado, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los proyectos de reforma al sector educación que adelanta el Gobierno de turno.

En la discusión del proyecto de ley estatutaria n.º 224, el cual busca elevar la educación a derecho fundamental en todos sus niveles, fueron desarrolladas mesas de diálogo con diferentes actores del sector educativo para escuchar sus aportes y propuestas. Los espacios sirvieron para evidenciar problemáticas sobre el tipo de sociedad actual.

“Aspectos relacionados con la falta de corresponsabilidad de las familias en los procesos educativos de sus hijos, falta de atención a la necesidad de recuperar los valores de las familias y las instituciones y la falta de esfuerzos para hacer grandes inversiones que requiere el sistema nos plantean un reto en la reducción de brechas entre la educación pública y la privada, entre las zonas urbanas y rurales, así como en la implementación de infraestructura adecuada, suficiente e inclusiva”, expresa el Defensor del Pueblo de los colombianos. 

El PAE como estrategia de permanencia

Para la Defensoría del Pueblo, es clave fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como estrategia de permanencia durante el año escolar, incluidos los periodos de receso académico, con modelos de operación diferencial, pertinencia territorial y enfoque étnico.

También es importante que ello esté acompañado de la ampliación de fuentes de financiación para que el Programa tenga sostenibilidad y avances en la cobertura, sin que sea sacrificada la cantidad y calidad de la ración recibida por la población escolar, especialmente la ubicada en zonas rurales y apartadas.

Estudiantes rurales matriculados

Según el Ministerio de Educación Nacional, con corte a noviembre del 2022, estaban registrados en el Sistema Integrado de Matrícula un total de 8.712.190 estudiantes, de ellos, 2.439.901 (28,01%) eran estudiantes matriculados en zonas rurales, cifra que a mayo del 2023 descendió, teniendo en cuenta que había 9.587.031 estudiantes matriculados, de los cuales, 2.303.146 (24.02%) correspondían a matriculados en zona rural.

“El papel transformador de la educación para la construcción de la paz es un factor determinante en el respeto por los derechos humanos. Adicionalmente, es una herramienta para superar discriminaciones, desigualdades e iniquidades. La educación debe y tiene que ser un actor protagónico para alcanzar una paz duradera”, remarcó el Defensor del Pueblo.

*Con información de Defensoría del Pueblo