Concejo exige explicaciones sobre presos con brazaletes electrónicos
Director del Inpec fue invitado a la corporación para debatir la situación.
El Concejo de Barranquilla le pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- un pormenorizado informe sobre la situación de las personas que se encuentran bajo vigilancia electrónica en sitios deferentes a los centros de reclusión.
Mediante proposición presentada por el Concejal Juan Camilo Fuentes Pumarejo y aprobada en pleno, la corporación expresó preocupación sobre los hechos de criminalidad y otros delitos que se vienen registrando en Barranquilla y que involucran a personas que cuentan con instrumentos electrónicos.
Fuentes Pumarejo recordó que el instrumento electrónico es otorgado a quienes resultan beneficiados con detención domiciliaria, detención preventiva en su lugar de residencia o con la suspensión condicionada de la pena.
En todos los casos, las personas quedan bajo la competencia y vigilancia del Inpec, a través de un centro de monitoreo.
Sin embargo, la preocupación radica en en los numerosos casos de delitos cometidos por quienes cuentan con este tipo de instrumentos.
Uno de esos casos, el más reciente, se registró con el homicidio del Director Regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, cuando uno de los involucrados supuestamente se encontraba bajo este sistema de vigilancia.
En este sentido, el Concejal Juan Camilo Fuentes cuestionó: “¿Por qué el centro de monitoreo no notificó a la Policía Nacional el caso de alteración sobre la situación de esta persona?”.
Por esta razón, el Director Regional del Inpec, Coronel Carlos Julio Pineda, fue invitado al Concejo para que explique la situación sobre las 4.387 personas que se encuentran cobijadas con este tipo de instrumentos.
“Necesitamos saber si no cuenta con el personal suficiente para entonces hacerle un llamado al Inpec nacional para que le brinde las herramientas necesarias y evitar que se siga presentando esta situación”, precisó Fuentes Pumarejo en diálogo con Zonacero.com.
En este sentido, puntualizó, también es necesario revisar el mecanismo de las visitas de inspección a estas personas, así como las llamadas con reconocimiento de voz, para establecer qué es lo que realmente está sucediendo.