El Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte van con todo contra las plataformas digitales de servicio de transporte como Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otras.

El pasado 20 de enero, radicaron ante el Senado de la República, un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, golpearía a miles de conductores y familias en el país.

La normativa endurece las medidas y las sanciones contra los conductores de estos vehículos particulares, también contra los aeropuertos y terminales de transporte, e incluso contra las propiedades horizontales con sus parqueaderos.

El proyecto busca establecer herramientas e instrumentos que permitan desarrollarlas funciones y responsabilidades en la promoción, prevención, inspección, vigilancia y control que tiene la Superintendencia de Transporte y demás autoridades de inspección, vigilancia y control para la aplicación y el cumplimiento dé las normas que rigen el sector y el sistema de tránsito y transporte.

También determinar las autoridades administrativas competentes para conocer de las infracciones, los sujetos de supervisión, las infracciones, sanciones, medidas preventivas y de seguridad, y señalar los procedimientos administrativos que han de seguirse por parte de las autoridades administrativas competentes ante la comisión de una infracción e imponer, de ser el caso, las sanciones respectivas.

Además de como adoptar el régimen sancionatorio del transporte terrestre automotor, de los organismos de tránsito y de los organismos de apoyo al tránsito y dictar otras disposiciones que complementen el régimen de supervisión de otros servicios y modos de transporte, como también la acciones de protección de los usuarios de los mismos.

"En el ejercicio de cada una de sus funciones y competencias, la actuación de las autoridades deberá orientarse a la materialización de los principios del sector y de los diferentes modos y modalidades de servicio público de transporte, así como a la protección de los derechos de los usuarios", indica el Ministerio de Transporte.

José Daniel López, presidente de Alianza In Colombia, indicó que este proyecto de ley es "sútil", pero va a la "yugular".

"Los servicios con vehículo particular prestados a través de plataformas dejarían de ser actividades no reguladas, a definirse como explícitamente ilegales, contra lo dicho en sentencias por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca", señaló en su cuenta de X.

"La CSJ ha dicho, por ejemplo, que en estos servicios se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos", agregó.

Según López, "millones de ciudadanos que disfrutan estos servicios, así como los conductores que trabajan en plataformas y las propias apps podrían ser objeto de investigaciones y sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte".

Agregó que la Superintendencia de Transporte, las alcaldías y las áreas metropolitanas podrán ordenar la suspensión preventiva inmediata de la operación de los servicios de las plataformas digitales y/o algunas de sus líneas de servicio, sin necesidad de una decisión administrativa o judicial de fondo. "¡Adiós a la neutralidad de red!", puntualizó.

"El proyecto obliga a las alcaldías a intensificar acciones de control en los puntos de alta demanda (hoteles, centros comerciales, aeropuertos, terminales, entre otros). O sea, más persecución contra conductores y menores opciones para los usuarios. Incluso, faculta desvíos, pico y placa zonificados o restricción de acompañantes en dichas zonas", advirtió.