Una singular contratación es la que viene gestionando la compañía española Canal de Isabel II, matriz del Grupo Empresarial de la entonces Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. -Inassa-, hoy Canal Extensia América S.A., que alcanzó el 82,16% del componente accionario de la Triple A.

En concreto, se trata de establecer un agresivo ‘lobby’ para influir en políticos, periodistas y líderes de opinión de Colombia, con el fin de defender los intereses de la Triple A, en un afán por recuperar la inversión realizada en dicha compañía.

En otros términos, lo que se pretende es ‘untar’ con ‘mermelada’ a quienes consideren puedan ejercer influencia ante la opinión y crear las condiciones de imagen favorable a los inversionistas españoles en un intento de recuperar el paquete accionario.

De acuerdo con el diario El País de España, reveló que para tal fin Canal de Isabel II licita un contrato por 1 millón 183 mil 680 euros, equivalentes a 5.202 millones 96 mil 48 pesos colombianos para “servicios de asistencia técnica en Public Affairs (asuntos públicos)”.

Las estrategias de Canal de Isabel II

En esencia, según el diario español, lo que pretende Canal de Isabel II desde que el 3 de octubre de 2018 la Fiscalía General de la Nación de Colombia ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de Ia Compañía, establecido en el 82,16% del capital social de Triple A, y su entrega en custodia a la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, es recuperar dicho componente a través de tres estrategias básicas:

- La diplomática, con contactos al máximo nivel gracias a la ayuda de la Embajada de España.

- La legal, con la contratación millonaria de un despacho de abogados.

- La de influencia, con licitado nuevo contrato “por el que compiten algunas de las empresas de lobby más potentes de las que operan en España”.

Así, el objeto de este contrato es “la prestación de los servicios de asistencia técnica en Public Affairs y comunicación estratégica con el objetivo de elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión en relación con el procedimiento de enajenación temprana del 82,16% de la participación accionarial que Canal Extensia America S.A. posee en la Triple A de Barranquilla”, de conformidad con la documentación oficial publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, reseñada por El País.

También ‘lobby’ diplomático y ministerial

Previamente, tras conocer las decisiones de las autoridades colombianas y en desarrollo del mismo fin, la compañía desplazó hasta Colombia al Consejero Delegado, Pascual Fernández, al tiempo que a través de su división Internacional, puso los hechos en conocimiento de la Embajada española, y los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, “que han mostrado su apoyo y colaboración a la defensa de los intereses de esta empresa”.

Fernández aseguró que “Canal de Isabel II Internacional “protegerá sus inversiones y seguirá defendiendo los intereses económicos y patrimoniales de la empresa ante todas las instancias judiciales correspondientes y, en su caso, ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial”.

Avanzando en ese propósito, Canal de Isabel II busca una compañía con oficina en Colombia, o esté dispuesta a abrirla, para dirigir una estrategia de Public Affairs en defensa de sus intereses. 

Más concretamente, el adjudicatario tendría como misión, según la documentación oficial, “ejecutar campañas de incidencia política; diseñar y gestionar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia; dar apoyo en las relaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o la OCDE; y contactar con líderes de opinión y periodistas”.

Es decir, influir para crear un clima de opinión favorable a los intereses del Canal de Isabel II en Colombia, y comunicar “para combatir las situaciones de crisis por riesgo de posibles ataques a la compañía”.

La expropiación y traspaso accionario

Cabe recordar que tras la decisión de la Fiscalía colombiana sobre el embargo y secuestro de las acciones de la compañía en la Triple A, el 3 de octubre de 2018, un Juez de extinción de dominio, el 18 de agosto de 2020, citó y emplazó a “terceros indeterminados” con derechos sobre los bienes objeto de la medida.

Más tarde fue decretada la expropiación y traspaso de las acciones con las que la compañía española controlaba la empresa Triple A de Barranquilla.

Luego, la razón social de Inassa fue cambiada por la de Canal Extensia América S.A., el 22 de febrero de 2022, sociedad que presentó escrito de vinculación y oposición, el 27 de agosto de 2020, solicitando “la improcedencia de la acción de extinción de dominio”, con el fin de defender “los intereses de la compañía, de sus accionistas y de los accionistas de Triple A, para preservar sus derechos económicos y patrimoniales”.

Orígen de las investigaciones

La decisión de la Fiscalía se fundamentó en rigurosas investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que involucraron a Inassa, entonces con el 82,16% del componente accionario.

En efecto, en su oportunidad la Procuraduría solicitó la suspensión del contrato entre la Triple A e Inassa por el presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado que no estarían siendo suministrados. 

Ello con el fin de prevenir una defraudación al patrimonio y evitar lesiones a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Barranquilla.

El Ministerio Público encontró indicios que permitieron inferir que no se recibió por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se había pagado la suma de 221.752 millones 656 mil 750 pesos. 

Tal remuneración correspondía a un 4,5 % del valor del recaudo total de la Triple A, como se estableció en el contrato suscrito el 31 de marzo de 2000, con vigencia hasta octubre de 2033. 

Contrato ‘fantasma’ de Inassa (hoy Canal Extensia América S.A.)

Según la Procuraduría, en ese entonces, el Gerente Administrativo de la Triple A certificó que desde que ejercía su cargo en 2012, “no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de Asistencia Técnica” con Inassa.

El Gerente Comercial, quién también se desempeñaba desde 2012, expresó “no haber recibido soporte ni asistencia técnica de parte de Inassa para el área que gerenció”.

Por su parte, el Gerente de Operaciones de Acueducto y Alcantarillado resaltó que en su caso no conocía el contrato firmado entre ambas compañías.

Mientras que la Gerencia de Planeación y Desarrollo indicó no tener en sus registros información sobre este contrato de asesoría técnica.

En pocas palabras, Inassa facturó a la Triple A, siendo accionista mayoritaria de la empresa, una multimillonaria suma de dinero por un contrato ‘fantasma’.

Con todo este panorama, ahora, con la proyectada contratación surge el gran interrogante: ¿Cuáles políticos, periodistas y líderes de opinión de Colombia se prestarán para este ‘lobby’, con ‘mermelada' incluída?