Colombia ha entrado en una paradoja compleja: nunca el salario mínimo había tenido un incremento tan robusto —un 23% para este 2026—comparado con una  inflación  baja - 5.1 %-  y, sin embargo, nunca se había sentido tan insuficiente para garantizar un techo.

Mientras el Gobierno intenta desanclar el precio de la vivienda de las fluctuaciones salariales mediante nuevos decretos, en las calles la realidad es otra.

El aumento del costo de vida ha convertido el derecho a la vivienda en un artículo de lujo, transformando a los trabajadores en inquilinos perpetuos.

Lea: Así funciona la medida que evitaría que aumento del salario mínimo infle costo de vivienda VIS 

Sandra Cantillo lleva alrededor de siete años viviendo en arriendo. Decidió independizarse cuando cumplió los 26 años, pero no la ha tenido fácil. Cada año sufre el aumento del IPC, lo que la obliga a mirar otras opciones y tener que mudarse de un lado a otro, buscando una alternativa más económica, en un sector de estrato 3, que tenga acceso a rutas de buses, que le quede central, pero que también pueda ser manejable con los servicios públicos.

“Al pasar el año hay un aumento por el tema impuestos, y uno tiene que ir mirando otras opciones porque por lo general no resulta rentable con el ingreso que uno tiene”, explicó la mujer.

La economía colombiana vive hoy una fricción peligrosa. Por un lado, el incremento del salario mínimo se presentó como un bálsamo para el poder adquisitivo; sin embargo, en el mundo inmobiliario, este aumento funciona como un arma de doble filo.

Para el inquilino común, la "trampa" reside en la indexación. Aunque la ley estipula que el arriendo no puede subir más que la inflación (IPC) del año anterior, los costos indirectos —administraciones, servicios públicos y mantenimientos— se disparan al ritmo del salario mínimo.

Esto crea un efecto de "bolsillo roto": lo que el trabajador recibe de más por decreto, lo entrega de inmediato por la ranura de la puerta al pagar el canon.

Además: Así impacta el IPC en el canon de arrendamiento de 7,4 millones de hogares

Sumado a eso, resalta Sandra Cantillo, el proceso para acceder a una vivienda en arriendo resulta un poco tedioso.

“Cada vez es más complicado porque antes una carta laboral y demostrar mis ingresos era algo con lo cual yo podía respaldar que sí tenía para pagar, pero ahora se ha endurecido más pues muy pocas personas rentan directamente, y todo es a través de inmobiliarias, que endurecen más el proceso”, afirmó.

Un mecanismo que resulta siempre y cuando el aspirante a inquilino no esté reportado en Datacrédito.

“Si por alguna razón, por mínima que sea estás reportado, ya no te puedan arrendar, y aun cuando son inmobiliarias pequeñas te hacen esperar mucho tiempo por una respuesta y algunas te cobran tanto el depósito y te piden fiador con finca raíz”, dijo.

El resultado es una clase media que trabaja para mantener paredes ajenas, viendo cómo el rubro de vivienda devora hasta el 50% de sus ingresos mensuales, dejando poco o nada para el ahorro que les permitiría, algún día, dejar de alquilar.

Y aspirar a comprar vivienda ha sido un tema del que muchas familias se han visto obligados a desistir por los altos costos, sumado a que ya no cuentan con subsidios por parte del Gobierno, lo que para hogares de estrato 1, 2 y 3, se vuelve imposible de sostener.

¿Pactar en pesos es la solución definitiva?

El reciente decreto del Ministerio de Vivienda que busca armonizar el tope de la Vivienda de Interés Social (VIS) en 135 salarios mínimos, pero con la obligación de pactar en pesos desde el inicio, es un intento de frenar la hemorragia financiera de los compradores.

Puede interesarle: Procuraduría vigila proyecto de decreto que ajusta el precio de la vivienda de interés social

Hasta ahora, comprar una vivienda VIS era como perseguir un horizonte que se aleja. El precio se pactaba en salarios mínimos del año de entrega; así, si usted separaba su casa en 2023 pero se la entregaban en 2026, el valor del inmueble subía cada vez que el Gobierno decretaba un aumento salarial.

Al momento de la escrituración, muchas familias se encontraban con una deuda que había crecido 30 o 40 millones de pesos por encima de lo planeado, obligándolas a desistir del sueño.

¿Qué cambia ahora?

La resistencia del sector: las constructoras argumentan que los costos de materiales (hierro, cemento) no se congelan, lo que podría llevar a que los proyectos se frenen si el precio de venta en pesos no cubre los costos de construcción futuros.

El "atajo" del contrato: aunque el decreto prohíbe las indexaciones automáticas, el mercado ya está viendo cómo se dilatan las firmas de promesas de compraventa hasta que el precio esté en su punto más alto.

Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, aseguró en Zona Cero que, al gremio le preocupa mucho la situación. 

"Nos preocupa y nos preocupa mucho, porque el Presidente Petro, en su plan de desarrollo, indexó las viviendas con el salario mínimo, cosa que nos pareció bien. Y llegó un tope de 150 salarios mínimos para las viviendas. Él sube desproporcionadamente el salario, sin tener en cuenta una medida política basada en la economía y en lo que hacen y quieren es improvisar un decreto, bajando a 135 salarios mínimos la vivienda", indicó.

Pero, explicó Segebre, el Gobierno obliga que las constructoras ya tienen un compromiso pactado con anterioridad. 

"Las viviendas ya están, las viviendas están comprometidas, firmadas con 150 salarios mínimos. Lo que está pasando es que dejan por fuera más o menos el 30% del mercado de la vivienda de interés social, lo dejan por fuera porque ya están por fuera del rango de del VIS", dijo el directivo.

Aseguró que "no se pueden rebajar $20, $30 millones por un decreto del presidente. Los costos de mano de obra van a incidir por lo menos un 10% en el costo de la vivienda, los proveedores también van a incidir mucho en ese tema. Entonces, que el presidente quiere de un solo golpe bajar el 10% del del costo de la vivienda, es muy muy complicado".

Segebre cree que "el Ministerio de Vivienda se ha equivocado, se ha equivocado el presidente, y creo que hay improvisación sobre improvisación".

Sin embargo, resaltó que en Atlántico la situación es un poco diferente para las familias, "gracias a los subsidios que ha dado el alcalde Alejandro Char (Mi techo propio)".

Recordando que "si tuvieran subsidios del Gobierno, hoy en día la gente tuviera más opción, pero le quita los subsidios, le sube la tasa, deja sin ninguna posibilidad a las personas. El gobierno se olvidó de la gente, se olvidó de que la vivienda es lo más digno para las personas".

Añadió que, además, "eliminó el subsidio a la tasa para vivienda de hasta 500 salarios mínimos, que es un grupo importante de colombianos, clase media, que todos los días salen a trabajar, y que no todo el mundo puede comprar una casa de de muchos millones".

Finalmente resaltó que están "peleando" con el Gobierno para que no les pongan arancel al acero. "Quiere poner el 30% de arancel cuando en Colombia no hay suficiente producción de acero. Con ellos todo es un problema y han acabado con la vivienda creyendo que la autoconstrucción y la improvisación es el éxito, y se equivocan (...) porque volver a los lotes con servicio y la gaceta por el vecino, que es albañil, eso no es lo que quiere la gente. La gente quiere una vivienda digna, segura y cumpliendo normas, como debe ser".