La Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Atlántico, cuestionó la intervención que de esa entidad hizo esta tarde el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Subsidios, a 30 días de terminar el mandato del Presidente Gustavo Petro.

Advirtió de fallas en el debido proceso y anunció que iniciará las acciones legales que correspondan en defensa de la caja de esa institución.

"Existen serios cuestionamientos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso, los cuales serán objeto de revisión y defensa por parte del equipo jurídico de la Caja”, señala la entidad en un comunicado de prensa.

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Añadió que “la resolución produce efectos desconociendo la suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto del artículo 97 del Decreto 341 de 1988, situación que, a juicio de la Caja, debe ser objeto de control judicial”.

Además, explicó que “el acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso.

Ante ellos, la Caja de Compensación consideró que es indispensable que estas actuaciones sean revisadas por las autoridades competentes. 

Comfamiliar Atlántico anuncia que "ejercerá todos los recursos y acciones que la ley le otorga para salvaguardar los derechos de la institución y garantizar el respeto por el debido proceso, confiando en que las autoridades competentes analizarán de manera objetiva las circunstancias que rodean esta actuación administrativa”.

Esta tarde, funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar ingresaron a las instalaciones de la Caja notificando la existencia de la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, mediante "la cual se ordena la intervención administrativa total de la entidad y la remoción del Director Administrativo, Herber Mantilla, así como de los integrantes del Consejo Directivo”.

Cómo directora encargada fue designada María Teresa Carvajal Aguirre.

La medida cautelar es por los próximos 12 meses y de acuerdo con los funcionarios de la Superintendencia, la directora será evaluada cada 6 meses.

Se desconocen las causas de esta decisión por parte de la Superintendencia, en la que ahora está a cargo el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.