Por María Clara Aristizábal

Dr. Gustavo Bell quiero empezar esta columna con una invitación sincera. Le propongo que reemplacemos los señalamientos que parten de información incompleta o mal interpretada por propuestas concretas construidas desde el diálogo respetuoso. En nombre de Grupo Argos y como gerente de su Negocio de Desarrollo Urbano, extiendo esta invitación a trabajar colaborativamente en soluciones que integren desarrollo urbano y cuidado ambiental.

Compartimos su preocupación por el medio ambiente y el bienestar de Barranquilla, por eso propongo que nos sentemos a dialogar con datos en mano, construir sobre verdades técnicas y explorar juntos las mejores alternativas para nuestra ciudad. Esta invitación a un diálogo constructivo, de cara a la comunidad y a las voces autorizadas, como a las autoridades, es posible. Grupo Argos ha estado y está abierto al escrutinio público. Solo nos resistimos a tolerar por siempre la maledicencia propia de la injuria y la calumnia.

Barranquilla y su área metropolitana enfrentan el reto de crecer de forma ordenada, sostenible e inclusiva. Ciudad Mallorquín nació justamente como respuesta a ese desafío: ofrecer vivienda digna a miles de familias sin sacrificar nuestros ecosistemas. Permítame aclarar varios puntos clave que han generado inquietud, aportando la información verificable que a veces se ha pasado por alto. Así podremos evolucionar las críticas en oportunidades de mejora y las dudas en acciones conjuntas por el bien común.

Más que romanticismo, hechos y datos

En primer lugar, el terreno donde se construyó Ciudad Mallorquín NO es un relicto de bosque seco tropical. Se ha dicho que allí se está talando un “último rescoldo” de bosque seco, pero las fuentes oficiales cuentan otra historia. Según la cartografía del Instituto Alexander von Humboldt, que es la autoridad nacional en biodiversidad, la zona en donde fue construido el barrio Ciudad Mallorquín no se sobrepone a ningún relicto de bosque seco en el departamento del Atlántico.

Dicho por las autoridades competentes: no era un relicto de bosque seco tropical. No es una opinión, es un hecho: es un suelo ya intervenido por décadas de actividad humana, antes con uso minero y luego en estado de rastrojo o matorral. De hecho, este lote de cerca de 80 hectáreas perteneció por más de 40 años a Cementos del Caribe, hoy Cementos Argos, empresa de Grupo Argos, que lo había adquirido con miras a extraer caliza. Con el tiempo, la ciudad fue rodeando estos terrenos y definiendo una vocación urbana para ellos. No se trata entonces de un ecosistema como el que usted refiere, sino de un predio donde, en beneficio del crecimiento de la ciudad, vimos la oportunidad de hacer las cosas bien: urbanizar formalmente con todas las precauciones ambientales, en vez de dejar que prosperara allí una invasión sin controles.

Es absolutamente comprensible que palabras como “deforestación” o “ecocidio” hayan encendido las alarmas y su propia atención, pero por el bien de la ciudad deben usarse con responsabilidad. Aquí no ha ocurrido un ecocidio. Todo lo contrario. Antes de iniciar obras, obtuvimos todas las licencias y autorizaciones ambientales requeridas. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, verificó las coberturas vegetales y autorizó un aprovechamiento forestal muy focalizado, condicionado a ejecutar compensaciones importantes.

Pero adicionalmente no tocamos ni un metro cuadrado de manglar en la Ciénaga de Mallorquín; Ciudad Mallorquín está separado por más de medio kilómetro de la ciénaga y por la vía Circunvalar de la Prosperidad. Incluso, para despejar dudas, ese hecho está documentado en el Plan de Ordenamiento de Cuenca (POMCA) oficial: el barrio está por fuera del área de amortiguación de la ciénaga. Los manglares costeros no fueron afectados con este barrio y, como explicaré, estamos aportando acciones de restauración sobre este ecosistema estratégico.

Nuestro compromiso ambiental es serio, tanto en obligaciones legales como en iniciativas voluntarias. Además de las medidas de mitigación contempladas en el Plan de Compensación Ambiental, hemos ido más allá con una robusta intervención voluntaria. Por cada árbol removido en la zona de obras, sembramos muchos más en áreas estratégicas para la biodiversidad regional. Por ejemplo, hemos entregado 131.000 plántulas de especies nativas de bosque seco tropical para repoblar zonas protegidas. Adicionalmente, de forma voluntaria, ya sembramos cerca de 432.000 árboles en el Santuario de Luriza (Usiacurí), reserva de bosque seco del Atlántico, en alianza con la autoridad ambiental.

En total, más de medio millón de árboles nativos están creciendo gracias a Ciudad Mallorquín. Lo invito a visitar esas áreas de compensación, donde trabajamos de la mano con Conservation International Foundation C.I. y aliados como el SENA, la Universidad del Norte e Invemar en estrategias de restauración ecológica. De hecho, Ciudad Mallorquín es el primer proyecto urbano del Atlántico en implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza diseñadas con el Instituto Humboldt, para que el parque central del proyecto funcione como corredor biológico urbano, atrayendo y conectando fauna (propias y migratorias) y flora.

En la Ciénaga de Mallorquín en particular estamos contribuyendo a su recuperación. En coordinación con la CRA, instalamos viveros comunitarios capaces de producir 10.000 plántulas de mangle al año. Ya llevamos sembrados más de 150.000 mangles nuevos en diferentes zonas del departamento del Atlántico. Adicionalmente, hemos capacitado a miembros de la comunidad local en viverismo, monitoreo de agua y uso sostenible del territorio, y, sobre todo, conciencia ambiental, que es la base fundamental para que las acciones puedan perdurar en el tiempo. Todo esto forma parte de un plan integral que combina compensaciones obligatorias y voluntarias. Producto de la implementación de la compensación se apalancaron inversiones que superan los COP 10.000 millones, del Fondo Colombia en Paz y el Gobierno Noruego para el proyecto de conservación y recuperación de Manglar del Departamento de Atlántico.

De otro lado, la existencia de demandas contra los planes de ordenamiento territorial no desvirtúa la validez ni la aplicabilidad de estos instrumentos, que gozan de presunción de legalidad mientras no se declare lo contrario mediante decisión judicial en firme. En un Estado Social de Derecho, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero ello no implica que cada acción judicial suspenda automáticamente los efectos de los actos administrativos cuestionados. Asumir lo contrario generaría un clima de inseguridad jurídica que afectaría el desarrollo urbano y comprometería la planificación territorial.

Adicionalmente, la demora en los tiempos procesales del aparato judicial no es atribuible, en modo alguno, a quienes desarrollan proyectos urbanos conforme a la normativa vigente. Mientras un plan de ordenamiento esté en vigor, sus disposiciones son obligatorias tanto para los particulares como para las autoridades, y su aplicación no puede quedar en suspenso por la sola existencia de un proceso judicial en curso. 

Finalmente, y con precisión, el decreto 359 fue expedido en el año 2020, cuando ya se encontraba vigente un nuevo Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), adoptado en 2017, que reemplazó expresamente al instrumento anterior. En consecuencia, el decreto fue expedido conforme al régimen ambiental y territorial aplicable al momento de su expedición, tal como lo exige cualquier actuación administrativa válida. Invocar un instrumento derogado como parámetro de legalidad desvirtúa por completo el análisis jurídico y técnico que debe hacerse en estos casos. 

La existencia de demandas contra los planes de ordenamiento territorial no desvirtúa la validez ni la aplicabilidad de estos instrumentos, que gozan de presunción de legalidad mientras no se declare lo contrario mediante decisión judicial en firme.

¿Era preferible no hacer nada?

Algunas voces críticas han llegado a afirmar que es mejor “no hacer nada” en estos terrenos para supuestamente proteger el ecosistema. Pero la realidad muestra lo contrario: el desarrollo formal, planificado, ha sido un escudo contra la degradación ambiental que causan los asentamientos informales.

Barranquilla tiene ejemplos muy claros. La Ciénaga de Mallorquín misma fue por años víctima del abandono: sus alrededores se llenaron de basureros a cielo abierto e invasiones precarias sin servicios, que contaminaron el manglar y las aguas. ¿Qué detuvo ese deterioro? La intervención formal del Estado y la empresa privada, creando el Ecoparque Mallorquín (30 hectáreas fueron entregadas en cesión anticipada por Grupo Argos) y el proyecto de la Alcaldía de reubicar familias con vivienda digna.

Hoy la ciénaga renace con senderos ecológicos, turismo de naturaleza y manglares reforestados, gracias a un proyecto ordenado. Lo que realmente destruye nuestros ecosistemas no es la ciudad legal con sus normas, sino la informalidad y el crecimiento descontrolado y sin compensaciones. Este no es un argumento teórico: Colombia tiene casos emblemáticos donde la falta de oferta formal de vivienda empuja a las familias a ocupar laderas, rondas de ríos y otros espacios frágiles, provocando emergencias ambientales y humanitarias.

En cambio, cuando la ciudad crece de manera organizada, con reglas claras, se pueden reservar y restaurar áreas verdes, gestionar adecuadamente las aguas residuales, y así integrar el entorno natural al tejido urbano con equilibrio. Ciudad Mallorquín, al concentrar 16.000 viviendas, evita la expansión desordenada sobre suelos periurbanos mucho más extensos. Es la planeación de una “ciudad compacta”, es decir, en lugar de 16.000 familias dispersas en invasiones por toda la periferia (lo que significaría deforestar múltiples zonas y multiplicar el uso de suelo), aquí tendremos un barrio denso donde más del 50% del terreno quedará en parques, vías, equipamientos colectivos y zonas verdes. De manera que urbanizar formalmente esta área es una medida de protección ambiental a escala metropolitana, porque frena la presión sobre ecosistemas vulnerables en las afueras.

Además, la ley nos obliga a mitigar y compensar cualquier impacto, cosa que no ocurre con las construcciones informales. Esto quiere decir que un barrio formal como Ciudad Mallorquín termina siendo mucho más amigable con el medio ambiente que la alternativa de no hacer nada y permitir que la necesidad de vivienda se siga expresando en asentamientos ilegales.

El modelo de ciudad que definió Barranquilla

Ciudad Mallorquín es la continuación natural del modelo de ciudad que desde hace varias décadas desarrollan Barranquilla y su área metropolitana. El lote sobre el que se erigió este barrio era de explotación minera y despoblada, pero con la expansión de la ciudad y de la mano del Distrito, transformamos esas antiguas canteras en nuevos barrios planificados que hoy son ejemplos de desarrollo.

Basta traer de la memoria la historia de sectores como Villa Santos, La Castellana, Buenavista, Villa Carolina, Miramar. Todos surgieron sobre terrenos que en el pasado tuvieron vocación industrial o minera, y hoy son comunidades florecientes con parques, vías pavimentadas, servicios públicos y miles de viviendas de calidad. Grupo Argos participó activamente en esa transformación. En alianza con el Distrito, contribuimos a desarrollar alrededor de 925 hectáreas en el norte de Barranquilla y Puerto Colombia, integrando esas tierras a la ciudad formal. Fruto de ello, se han construido más de 80.000 viviendas de diversos estratos en la última mitad de siglo, y se han entregado más de 2 millones de m² de espacio público nuevo.

Estas inversiones para Grupo Argos suman cerca de COP 1,5 billones en desarrollo urbano, muchas veces en infraestructura que no es visible, como en el caso del alcantarillado pluvial o el cableado eléctrico subterráneo, inversiones con las que el Negocio de Desarrollo Urbano siempre ha estado comprometido con implementar el más alto estándar.

Pero más allá de eso, lo importante es que han mejorado la calidad de vida de todos los barranquilleros, no solo de quienes viven en esos barrios. ¿Por qué? Porque esos proyectos trajeron infraestructura que hoy es de uso público (vías, colegios, centros comerciales, clínicas) y ampliaron la base tributaria de la ciudad. De hecho, gracias a los nuevos desarrollos en el norte, alrededor del 33% del recaudo predial anual de Barranquilla proviene ya de esta zona, recursos que van a las arcas distritales para inversión social.

Convertir antiguos predios mineros en ciudad formal ha sido una estrategia ganadora para Barranquilla y su área metropolitana, tanto en lo económico como en lo social y ambiental. Ciudad Mallorquín se inscribe en esa tradición: es la pieza siguiente de un rompecabezas de crecimiento planificado, coordinado con las autoridades bajo el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

Pero no somos solo los empresarios quienes defendemos este modelo urbano inclusivo y legal. Voces de la academia y la ciudadanía también respaldan la idea de una “ciudad para todos”. Ricardo Hausmann, en una entrevista reciente, dijo “uno de los problemas típicos de América Latina es que la política habitacional ha estado centrada en la construcción de viviendas con unas condiciones mínimas de calidad, localizadas en lugares muy remotos donde la tierra es muy barata. La razón del bajo costo es que se trata de zonas desconectadas; en consecuencia, la gente tiene que enfrentar unos trayectos al trabajo que toman horas, viéndose forzada a buscar otras alternativas como el trabajo informal, lo que ahonda la diferencia de ingreso”. Citaré otros dos ejemplos recientes: los economistas Javier Mejía y Eduardo Lora, en columnas publicadas durante el último año, han analizado objetivamente el caso de Ciudad Mallorquín.

Mejía plantea que “uno podría mantener el norte del área metropolitana de Barranquilla como una zona de baja densidad poblacional donde las élites puedan vivir cómoda y aisladamente, protegiendo además el ecosistema que estos terrenos mantenían hasta ayer. Sin embargo, las 14 mil familias de bajos ingresos que están buscando comprar su primera casa seguirán necesitando hacerlo y tendrán que esperar varios años más para lograrlo. Y no solo tendrán que esperar más tiempo, seguramente terminarán adquiriendo viviendas en la periferia del área metropolitana, donde tradicionalmente los proyectos para este segmento poblacional suelen concentrarse. Con esto, el impacto ambiental no se reducirá, simplemente se trasladará en el espacio y el tiempo, mientras que las consecuencias en el tráfico del área metropolitana solo podrán ser mayores, ya que estas decenas de miles de personas ahora deberán hacer trayectos más largos para realizar todas sus actividades".

Por su parte, Lora resalta la visión social innovadora del Negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos al destinar un terreno privilegiado no a un conjunto de mansiones de élite, sino a una ciudadela multiestrato para 16.000 familias en edificios rodeados de zonas verdes. Él lo llama un proyecto “inclusivo y sostenible único en Colombia”, donde personas de ingresos altos, medios y bajos compartirán los mismos espacios públicos de calidad.

Y traigo a colación estos análisis para mostrar que hay visiones informadas que respaldan una Barranquilla legal, ordenada y equitativa. El esfuerzo de Grupo Argos aporta para que la ciudad formal se extienda para integrar a los que históricamente quedaron por fuera, evitando así la segregación espacial extrema que tanto daño nos ha hecho como sociedad.

Impacto positivo en el bolsillo de todos los barranquilleros

Otro impacto positivo que quizá no se menciona lo suficiente es el efecto de Ciudad Mallorquín en el mercado de vivienda y arriendos de Barranquilla. Vivimos una coyuntura nacional en la que, irónicamente, las ciudades que construyen poco sufren las consecuencias: arrendamientos caros y familias que no encuentran dónde vivir, obligadas muchas veces, lamentablemente, a recurrir a la informalidad.

Para ilustrarlo, vale la pena analizar el caso de Medellín. En la capital antioqueña la construcción de vivienda se estancó en la última década, haciendo que la demanda superara la oferta y, por ende, que los precios de la vivienda nueva y los arriendos se dispararan. Según un análisis de Juan Sebastián Herrera (ver enlace), investigador en economía urbana, en 2024 el canon de arrendamiento por metro cuadrado en los estratos 5 y 6 de Medellín fue, en promedio, 34% y 19% más alto, respectivamente, que en Bogotá, revirtiendo la tendencia que hacía de la capital el mercado inmobiliario más costoso del país.

En contraste, Barranquilla se ha mantenido más asequible precisamente porque ha seguido construyendo vivienda. La diferencia es marcada, sobre todo en la vivienda VIS: según un análisis de Mateo Castaño (ver enlace), en 2024 el área metropolitana de Barranquilla vendió siete veces más unidades de vivienda VIS ajustadas por habitante que el mercado inmobiliario de Medellín.

Ciudad Mallorquín, con sus más de 14.000 VIS y 2.000 no VIS, refuerza esa tendencia saludable: evita un déficit agudo de vivienda que encarezca el arriendo y pone freno a los barrios informales. Esto se traduce en alivio económico para miles de hogares que pueden acceder a un techo a precios justos en vez de tener que desplazarse a la periferia o pagar alquileres impagables.

Ningún mercado inmobiliario de precios elevados se caracteriza por levantar un gran número de viviendas. Un análisis de Trulia —un marketplace de compraventa de vivienda en Estados Unidos— evidencia que las ciudades con valores por metro cuadrado más altos, como San Francisco, Nueva York o Boston, edifican relativamente poco, mientras que urbes más asequibles, como Phoenix o Atlanta, impulsan una construcción abundante. No existen casos donde una ciudad combine precios elevados con una oferta masiva de vivienda.

Otro ejemplo elocuente es Minneapolis, reseñado recientemente por el Financial Times (ver enlace). Esta ciudad ha levantado más viviendas que cualquier otra gran urbe del Midwest en los últimos años y eliminó las zonas exclusivas para casas unifamiliares. Ajustados por ingresos locales, los alquileres promedio en Minneapolis habían caído más de 20% desde 2017, mientras que en Indianápolis, Cincinnati y Kansas City, entre otras, habían aumentado más de 10% en el mismo periodo.

Un mercado de vivienda con oferta es garantía de ciudad más justa y competitiva.

La visión del Papa Francisco

Para finalizar, quisiera referirme a un plano más reflexivo frente a la mención del Dr. Bell en su columna: la visión del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’. Celebramos que traiga a colación ese mensaje, porque justamente inspira nuestra filosofía de desarrollo. El Papa abogaba por una “ecología integral”, donde la solución a los problemas ambientales vaya de la mano con la justicia social y la dignidad humana.

En los numerales 150–152 de Laudato Si’, Francisco plantea ideas poderosas que parecen escritas para esta discusión constructiva. Nos recuerda que el hábitat humano y el ambiente natural deben pensarse juntos: “Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes diseñan edificios, barrios, espacios públicos y ciudades… más valioso todavía es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas… el encuentro y la ayuda mutua”.

Barranquilla no puede ser la excepción, por eso, juntos, debemos aportar una ciudad que sirva al bien común, no fragmentarla en zonas de exclusión. El Papa advierte contra las ciudades partidas en guetos de ricos y pobres: “Es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas… en lugar de encerrarse en un barrio privándose de vivir la ciudad entera como un espacio propio compartido con los demás”. Es exactamente eso lo que logramos con Ciudad Mallorquín: integrar lo que antes estaba segregado.

Francisco también invitaba a no desentendernos del drama de la vivienda: “La falta de viviendas es grave… una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad… Es una cuestión central de la ecología humana”. En esa línea, la encíclica propone urbanizar con humanidad los asentamientos precarios en vez de simplemente expulsarlos, proporcionando alternativas dignas. Y cierra esa idea con una hermosa imagen de esperanza: “¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo!”.

Consideramos firmemente que eso es lo que está ocurriendo en Barranquilla y su área metropolitana, y que Ciudad Mallorquín es prueba de ello.

Dr. Bell, ojalá estas aclaraciones sirvan para tender puentes. La invitación sigue en pie: construyamos juntos soluciones. Si algo podemos agradecer de esta polémica es que ha motivado mayor escrutinio, siempre bienvenido, y nos ha hecho mejorar mediante el diálogo con la comunidad y expertos.

A todos nos une el mismo objetivo: una Barranquilla sostenible, próspera e incluyente.