‘Ciudad del Parque’ también vive el martirio de la invasión del espacio público
Con la mirada cómplice de las autoridades.
Lo que sucede en Ciudad Mallorquín, en Puerto Colombia, con la invasión del espacio público por parte de particulares que ocupan áreas de recreación o tránsito, se extiende a complejos residenciales del área metropolitana de Barranquilla, sin que las autoridades actúen ante las denuncias ciudadanas.
Zona Cero conoció de una situación similar en ‘Ciudad del Parque’, en Soledad. Allí son más de 12 de mil los apartamentos que se levantaron en varios conjuntos residenciales. La zona del bulevar concentra al mayor número de ventas.
Vecinos del Conjunto Residencial Acandí, en donde hay 900 apartamentos en 12 torres de 12 pisos, denuncian que desde diciembre pasado han sido reiteradas las quejas ante la Alcaldía, Edumás y la Policía sin que haya respuesta a los requerimientos de los residentes.

“Cada día se va poblando más de negocios que están afectando la movilidad, invadiendo el espacio público afectando la convivencia, el orden y seguridad del sector”, dijo una vecina del complejo residencial.
Ya en el bulevar es común ver las ventas informales que ocupan áreas comunes, conexiones eléctricas ilegales, cocinas al aire libre y hasta demarcación marcando el piso apropiándose del espacio público.
La ocupación de las áreas están afectando zonas de recreación y ponen en peligro a quienes estén cerca por el uso de cilindros de gas en la vía pública. Igualmente por las conexiones eléctricas ilegales para llevar energía a los negocios.
En las ventas estacionarias se expenden comidas rápidas, bebidas alcohólicas y hasta embutidos, dijo la residente en el sector.

Lo que más preocupa a los habitantes de ‘Ciudad del Parque’ es que de este proceso, ni la Alcaldía, ni la Policía y menos Edumás, atiende la queja ciudadana.
Esta última respondió a los habitantes: “Edumas ejerce funciones de verificación técnica, control urbanístico y elaboración de informes; no obstante, esa entidad no cuenta con facultades policivas ni sancionatorias para ordenar cierres, desalojos, sellamientos o recuperación material del espacio público”.
Remata diciendo que “dichas actuaciones corresponden exclusivamente a la Secretaría de Gobierno y a las inspecciones de Policía”.
