El Consejo de Estado ha sido tajante con el Gobierno Petro: no le temblará la mano para suspender o derogar los decretos que no cumplan con lo que ordena la Constitución.

Muestra de ello es lo que pasó este lunes, cuando el alto tribunal de lo contencioso administrativo suspendió de manera provisional la totalidad del Decreto 415 del 23 de abril de 2026, con el que se trasladaban $25 billones de los fondos privados (AFP) a Colpensiones.

El alto tribunal respondió a una tutela interpuesta por Jesús Hernando Baena Álvarez y consideró que esa medida "podría ir en contra de lo que ya había establecido la Ley 2381 de 2024".

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La ley en mención permitió que los colombianos pudieran cambiar de un fondo privado a Colpensiones.

"Sin embargo, también dejó claro que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión".

La molestia del presidente Petro fue tal que pidió una demanda contra el magistrado Juan Enrique Bedoya por prevaricato.

Esto generó que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le hiciera un llamado de atención al mandatario, puesto que sus señalamientos afectan las relaciones armónicas entre estos dos poderes.

Antecedentes

Pero este de las pensiones no es el único gran decreto que el Consejo de Estado le ha suspendido al Gobierno, pues también lo hizo con el aumento del salario mínimo.

En la decisión del 13 de febrero, el alto tribunal ordenó al Gobierno nacional expedir y publicar un decreto transitorio, ya que el expedido a finales de 2025 no cumplía integralmente con los criterios legales y constitucionales.

Esta corporación fue la encargada de darle un tatequieto a Petro con las alocuciones, al considerar que hacía un "uso inadecuado de la prerrogativa de la alocución televisada".

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Esta conclusión se basó en la falta de justificación de los temas tratados, así como en la frecuencia, reiteración y duración de las intervenciones. Tales prácticas desconocieron la garantía del pluralismo informativo, que forma parte esencial del derecho fundamental a la información.

Otro decreto clave que suspendió fue el de la convocatoria a una consulta popular, herramienta que Petro utilizó para sacar adelante la Reforma Pensional en el Congreso de la República.

Por último, habría que mencionar que tumbó el Decreto 227 de 2023, con el que Petro pretendía reasumir las funciones de las comisiones de regulación para fijar directamente las tarifas de energía, gas y agua.

En aquella ocasión, el Consejo de Estado argumentó que el presidente no puede asumir facultades que la Constitución le asigna al Congreso, el cual había delegado el rol de regulador a las comisiones técnicas independientes.

Las decisiones del Consejo de Estado han aumentado las diferencias entre el Ejecutivo y la rama judicial, pero han sido una muestra de la independencia de poderes que tiene el país.