La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este lunes su llamado a la solidaridad entre los países del continente americano para facilitar el acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19 como "bienes públicos globales".

"Constatamos con preocupación la asimetría que existe entre países en nuestra región", dijo a Efe la relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Soledad García Muñoz.

La funcionaria se pronunció a propósito de un informe difundido hoy por la CIDH y la Redesca, en el que expresan su preocupación por los obstáculos que se observan para el acceso a las vacunas diez meses después de que arrancara la inmunización en la región, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos.

En ese contexto, García Muñoz advirtió que mientras algunos países ya han vacunado a más del 70 % de su población, la mayoría no supera el 40 % de sus habitantes con un esquema de inmunización completo.

"Y aún hay seis países que ni siquiera al día de hoy han alcanzado (a vacunar) el 20 % de la población", agregó la relatora, en alusión a Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua.

La relatora defendió las iniciativas para llevar las vacunas a todos los países, como el mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y destacó que "de ninguna manera" están llamando a la caridad sino a la solidaridad y a la cooperación internacional.

"Las vacunas contra la covid-19 son bienes públicos globales, son bienes públicos regionales, y el aislacionismo, el nacionalismo sanitario, no funciona ni para los países y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad ni tampoco para los países que tienen mayor capacidad de acaparar vacunas", remarcó.

García Muñoz instó igualmente a compartir tecnología, al considerar que la propiedad intelectual o el nivel de renta no pueden ser un "obstáculo" para la inmunización o la producción de las vacunas.

También se sumó al pedido de la OMS de acordar una moratoria hasta mínimo finales de año a las dosis de refuerzo, lo que aclaró no constituye "de ninguna manera" una forma de negar su importancia sino de garantizar la inmunización de un mayor número de personas.

De igual forma, advirtió que en al menos cinco países de la región se registraron hechos que podría denominarse "corrupción" tras conocerse que se priorizó la vacunación de personalidades políticas, funcionarios y empresarios, entre otros, pese a no hacer parte de los grupos prioritarios.

"Este llamamiento de la Comisión tiene que ver con la preocupación de cuántas muertes podrían evitarse si se estuviera produciendo un acceso más equitativo a las vacunas", concluyó.

EFE