La Procuraduría General de la Nación, a través de la Comisión Humanitaria Extraordinaria, precisó que tras cuatro días de enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, aún persiste el riesgo contra la vida e integridad de las comunidades en el Catatumbo.

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El ente de control señaló que cerca de 46 niños y niñas de esta zona del país no han podido asistir a clases como consecuencia de las hostilidades en la región.

“En terreno se conoció que las cifras de desplazamiento forzado aumentan de manera alarmante. A Cúcuta han llegado más de 10 mil personas afectadas por el conflicto y a Ocaña otras seis mil”, dijo la Procuraduría.

Frente a estos hechos, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, alertó que "más del 35 % de esta población, que manifiesta ser desplazada por la violencia en sus territorios, corresponde a niños, niñas y adolescentes”.

Por otra parte, manifestó que se tuvo conocimiento del alto riesgo en que se encuentran las familias y los firmantes de paz que desarrollan su proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial de capacitación y normalización de la vereda Caño Indio, así como en el resto del departamento, ya que fueron declarados objetivo militar por el grupo armado criminal ELN.

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En reunión sostenida con sus lideres, manifestaron que a la fecha han sido asesinados seis firmantes de paz y hay otros de los que se desconoce su ubicación.

“La Procuraduría seguirá en el territorio para garantizar la vigencia plena del Estado de derecho”, puntualizó el Ministerio Púbico.