La Cámara Colombiana de la Construcción –CCI- envió en las últimas horas un documento a los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Transporte, William Camargo, que contempla varias propuestas que hacen parte de un plan de choque para reactivar la economía.

El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, destaca inicialmente el rol del sector de infraestructura que es clave como motor dinamizador de la economía.

En el primero de los análisis o propuestas, se refiere al presupuesto básico de la seguridad jurídica, de tal manera que se reaviva la confianza y el apoyo de inversionistas y financiadores en el modelo de concesiones viales.

Para ello –dice- se requiere de la pronta actualización de las tarifas de peaje y la cancelación del compromiso soberano por descalce de vigencias futuras a tales concesiones. Sabemos que comparten ustedes la apreciación de que la seguridad jurídica es presupuesto básico para la reanimación de la infraestructura de transporte.

La CCI también plantea la necesidad de solventar la problemática de proyectos contratados que presentan dificultades, porque si bien es cierto que, a la fecha, el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) registra un avance promedio de 74,4%, el gremio considera que se deben priorizar las soluciones para aquellos proyectos que hoy, por decisiones pendientes en la Agencia Nacional de  Infraestructura (ANI), no han logrado su cierre financiero o la ejecución de obras no marcha según los cronogramas previstos.

Aquí, menciona ejemplos como las concesiones Santana-Mocoa-Neiva, Mulaló-Loboguerrero, Bucaramanga-Pamplona, la iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

“Resulta fundamental garantizar los cronogramas de obra contractuales en los proyectos adjudicados de la quinta generación de concesiones (5G): Malla Vial del Valle-Accesos de Cali y Palmira, IP ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase II, Puerto Salgar-Barrancabermeja, Barrancabermeja-San Roque, Buga-Buenaventura, Canal del Dique y Ruta Caribe II”, añade.

Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, esta es la principal herramienta contracíclica con la que cuenta el Gobierno Nacional de manera inmediata, dado que son proyectos ya contratados.

“Por lo anterior, se requiere de una “estrategia de choque” al interior de la ANI, a fin de que avancen las obras respectivas”, dicen en el documento.

“La ANI cuenta con un pipeline de proyectos en etapas avanzadas de estructuración, los cuales suman cerca de $22 billones. Su adjudicación y, por consiguiente, construcción puede generar cerca de 620.000 empleos directos, indirectos e inducidos”, exponen, a lo que sugieren un “plan especial”, también al interior de la ANI, para avanzar con prontitud en  la respectiva aprobación de los proyectos".

Citan proyectos carreteros como Pasto-Popayán, Villeta-Guaduas e IP Conexión Centro, proyectos férreos como La Dorada-Chiriguaná y proyectos aeroportuarios como IP Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, IP Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, IP Nuevo aeropuerto de Cartagena, IP Aeropuerto de Cali, IP Campo de vuelo e IP El Dorado Max, los cuales son ejes fundamentales para darle un impulso al sector concesionado y garantizar la tan anhelada conectividad del territorio nacional.

Por lo anterior, el sector considera que se requieren la adopción de medidas extraordinarias para adjudicar lo más pronto posible los proyectos en mención con el fin de dinamizar la economía y generar condiciones habilitantes de desarrollo social.

No sobra advertir –advierten- señores ministros, que el valor de los proyectos de 4G y 5G aquí referidos suma cerca de 40 billones de pesos, que equivalen a cerca del 4% del PIB, y que por lo demás, hacen parte de la hoja de ruta, o portafolio de iniciativas, consagrada en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, elaborado por Fedesarrollo a solicitud del Gobierno Nacional.

Además de las importantes inversiones en los referidos programas de cuarta y quinta generación de concesiones, entre 2023 y 2030 se invertirán cerca de $43 billones en

programas de obra pública como ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, ‘Colombia avanza’ y ‘Legalidad y reactivación 2.0’, entre otros.

“El potencial económico y social que generan las pequeñas y medianas empresas de ingeniería: generación de empleo, reducción de la informalidad y estímulo al crecimiento económico. Según el Dane, el 90% del sector productivo colombiano está conformado por pymes ubicadas en su gran mayoría en ciudades y municipios distintos a Bogotá, generan cerca del 40% PIB nacional y concentran más del 80% de la fuerza laboral en el país".

Para Caicedo, las pymes especializadas en ingeniería en las regiones, están prestas a asociar esfuerzos con las juntas comunales, para construir y mejorar las vías terciarias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Dicen además que a efectos de garantizar mayores niveles de conectividad en el corto y mediano plazo, se requiere de una coordinación estrecha entre el Gobierno nacional y local con el fin de apalancar proyectos estratégicos en los cuales converjan las diversas fuentes de recursos (Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías).

Con corte a julio de 2023, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el sector transporte ha pagado el 28,5% ($4,2 billones) de su apropiación vigente ($14,8 billones).

“De confluir la efectiva y eficiente asignación y apropiación de los recursos en mención con la definición de proyectos estratégicos, se lograrían consolidar importantes avances e impactos positivos en materia de bienestar social en las regiones”, asegura el gremio.

Finalmente, sugieren revisar la efectividad del Sistema General de Regalías porque no se compadece con la escasez de recursos, el hecho de que a la fecha aún cuenta dicho sistema con más de $16 billones sin asignar.