La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra dos miembros del Ejército por la presunta persecución que hubo en el interior de la institución luego de que se revelara el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales y actos de corrupción, informó este sábado la revista Semana.

En la investigación, que Semana titula "El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército", se presentan los detalles del "trabajo de una docena de militares de contrainteligencia encargados de comenzar una cacería en la propia institución y en los medios con el fin de dar con los responsables de contar graves irregularidades".

Lo anterior forma parte de las evidencias que empleó la Procuraduría para formular el pliego de cargos contra el General Eduardo Quiroz, hasta hace poco a cargo del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), así como contra el segundo de esa unidad, el Teniente Coronel William Roberto Medina.

Según la revista Semana que comenzó a circular hoy, "los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer faltas gravísimas, que implican una sanción de más de diez años".

La investigación también menciona que el actual Comandante del Ejército, General Nicacio Martínez, ordenó realizar la "cacería", a pesar de que lo ha negado reiteradamente.

Sin embargo, la revista aclara que "los testimonios y nuevas evidencias demuestran otra cosa".

El pasado 23 de junio Semana dio a conocer que se estaba llevando a cabo una "cacería de brujas" en el Ejército para hallar a los militares que denunciaron el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", y actos de corrupción dentro de la institución.

Ese informe, hecho con base en entrevistas a más de 20 miembros activos del Ejército, grabaciones de audio, vídeos, documentos y fotografías, indicó que muchos de ellos han sido objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones.

Con la que la revista llamó "operación silencio" se buscó descubrir quiénes fueron los oficiales que sirvieron de fuente al periodista estadounidense Nicholas Casey para escribir un artículo publicado por el diario The New York Times el pasado 18 de mayo sobre el aparente retorno de los "falsos positivos".

En ese artículo, el NYT reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que podía poner en riesgo la vida de civiles al constituirse en "otra encarnación" de las ejecuciones extrajudiciales.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Para acallar la polémica, el pasado 9 de julio el Gobierno colombiano pasó a retiro a uno de los generales del Ejército implicados en un caso de corrupción, mientras que la situación de otros dos está a la espera de que se resuelva administrativa o disciplinariamente.

En primer lugar se decidió "llamar a calificar servicios al General Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército Nacional", explicó ese día el Ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Los otros dos implicados en el escándalo son el segundo Comandante del Ejército, General Adelmo Fajardo, y el General Eduardo Quiroz.

Sobre Fajardo, Botero aclaró que "ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas".

Frente al caso de Quiroz, el Ministro precisó que "será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el Procurador General de la Nación".

Luego de las nuevas revelaciones de Semana, el comando del Ejército informó la noche de este sábado en un comunicado que "se efectuaron de manera inmediata las acciones administrativas pertinentes con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los responsables de las presuntas irregularidades mencionadas".

Para ello, "se ordenaron las actuaciones pertinentes, tales como visitas por parte de la Inspección General y la apertura de investigaciones disciplinarias", indicó la institución.

Asimismo, el Ejército agregó que informó a la Fiscalía y la Procuraduría "cada uno de los hechos" para que "en el marco de sus competencias constitucionales y legales adelanten las actuaciones a que haya lugar".

Finalmente, pidió a los medios y a las autoridades competentes "respetar la reserva legal de las investigaciones" que cursan en la Procuraduría "en pro de los principios fundamentales como la presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, honra y buen nombre del personal que sea parte de las mismas".

EFE