La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de once miembros de la Junta Directiva y directivos del Banco Agrario, por presuntas irregularidades en el empréstito de 120 mil millones de pesos otorgado al consorcio Navelena S.A.S, que cuenta con la participación de la Constructora Odebrecht de Brasil.

Se trata de los miembros de la junta directiva Arturo Adolfo Dajud Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes.

Además, endilgó cargos al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentes de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca, y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.

Para los miembros de la Junta Directiva que participaron en la sesión del 12 de noviembre del 2015, se les reprochó haber aprobado el crédito desestimando el estudio del riesgo reputacional de esta operación financiera que surgió por la captura de Marcelo Odebrecht y de otros directivos de sus empresas.

La firma Odebrecht tenía una participación mayoritaria en el Consorcio Navelena S.A.S; y al ser capturado Marcelo Odebrecht se produjo un riesgo que se materializó al no lograrse el cierre financiero del proyecto, lo que puso a la Asociación Público Privada en causal de terminación del contrato e impidió la cancelación del préstamo en las fechas previstas, con exposición ante la opinión pública del buen nombre del Banco Agrario.

A los miembros del Comité de Crédito Delegado de Junta Directiva del Banco, y para las vicepresidentas de Crédito y Cartera, y de Banca Comercial se les cuestionó por recomendar el préstamo sin tener en cuenta que Navelena no contaba con liquidez para respaldar el crédito.

La Procuraduría consideró que los funcionarios tenían el deber de realizar el debido análisis y conocimiento del cliente, no obstante, recomendaron la aprobación del crédito sin haber valorado adecuadamente que el socio del Consorcio Navelena, la Constructora Norberto Odebrecht Colombia Ltda., se encontraba en causal de liquidación para la fecha en que se solicitó el crédito; esto, unido a que Navelena S.A.S. presentaba pérdidas acumuladas del orden de $226.6 millones y un nivel de endeudamiento del 99%.

Las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo para los miembros de la Junta Directiva del Banco que eran particulares, y como graves a título de dolo para los funcionarios de la entidad financiera que eran servidores públicos, para la época de los hechos.