Un alarmante hacinamiento fue advertido este martes por la Contraloría General de la República (CGR) en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ‘Nueva Esperanza’, en San Andrés Islas.

Así se pudo establecer durante una visita realizada al centro carcelario por parte de una comisión del ente fiscal encabezada por el Contralor Delegado (e) para el Sector de Defensa, Justicia y Seguridad, Santiago Montoya Mejía.

Lo que se pudo verificar es que el centro cuenta con 252 reclusos cuando el cupo es apenas de 110, lo que refleja una preocupante sobrepoblación.

Además de llamar la atención sobre la grave situación, Montoya Mejía precisó que conjuntamente con la Gobernación de San Andrés se estudia la posibilidad de comprar unos predios aledaños a la cárcel, con el fin de proyectar su expansión, mientras que el el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encargaría de los estudios y diseños a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“Desde la Contraloría nos preocupa estos hacinamientos y queremos que las entidades, no solo nacionales, sino también las gobernaciones y municipios participen de forma activa de esta responsabilidad, que es de todos”, señaló el funcionario al término de la visita.

Adicionalmente, la Contraloría General de la República le puso la lupa a un contrato que en la misma cárcel viene ejecutando el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general de dicho centro, incluida la adecuación de baterías sanitarias.

“Nos preocupa porque no se está haciendo lo que se pidió en el contrato no solo en tiempos sino también en la calidad de los materiales”, recalcó.

Las obras se derivan del convenio interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 216144, suscrito el 29 de noviembre de 2016, entre el Fonade y la Uspec para adelantar obras en las cárceles del país.

En desarrollo del mismo, el Fonade adjudicó, el 18 de marzo de 2018, el contrato de obra 2180863, a través de la convocatoria simplificada CSI 002-2018, a la firma de José Javier Moreno Pachón, por valor de 857 millones 125 mil 752 pesos.

El plazo de ejecución pactado es de 7 meses, pero a la fecha han transcurrido 15 meses, es decir, más del doble del término contratado.