El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, consiguió este miércoles ganar su primera batalla legal, después de que la Justicia escocesa dictaminara que actuó legalmente al decidir suspender temporalmente el Parlamento de Westminster (Londres).

El Tribunal de Sesiones de Edimburgo consideró que la acción de clausurar la Cámara de los Comunes "no contraviene la ley", porque es un poder reservado al Ejecutivo, y precisó que sus implicaciones se constriñen únicamente al ámbito político y no al judicial.

"Este es un territorio político y la toma de decisiones no puede medirse con estándares legales, sino solo con valoraciones políticas. La rendición de cuentas (por parte del Gobierno) corresponde al Parlamento y, en última instancia, al electorado, no a los tribunales", sostuvo el juez Lord Raymond Doherty.

El veredicto permite al "premier" seguir adelante con el calendario previsto, de modo que las sesiones de las cámaras se interrumpirán entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, cuando reabrirán tras el "Discurso de la reina", el acto que el Ejecutivo utiliza para detallar el programa político del siguiente ejercicio.

La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, que ha liderado la demanda, afirmó en Twitter que considera que el juez "ha cometido un error de ley en este punto y en otros" y confirmó que los demandantes buscarán "apelar de inmediato".

Entre los firmantes de la demanda se encuentran también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al "brexit" "The Good Law Project", quien estuvo presente durante la lectura del dictamen judicial.

Aunque la decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo, la acción no prosperará previsiblemente hasta el 17 de septiembre, con lo que Johnson logra así cierto oxígeno en un momento político muy delicado.

El primer ministro sufrió un duro revés este martes, cuando la oposición, gracias a la rebelión de 21 diputados conservadores, ganó una moción y obtuvo el control de la agenda parlamentaria para tratar de evitar una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

El desafío legal resuelto hoy en Escocia pretendía impedir que Johnson pueda utilizar el cierre de cinco semanas del Parlamento para impedir que los diputados contrarios a un "brexit" duro tengan tiempo suficiente para presentar iniciativas legislativas.

La clausura del Parlamento es un mecanismo habitual que cada gobierno suele activar anualmente -aunque la ajetreada gestión del "brexit" impidió a la anterior primera ministra, Theresa May, llevarlo a cabo durante dos años- pero, según los detractores de Johnson, pretende impedir que la Cámara bloquee una salida abrupta.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la maniobra persigue darle el espacio necesario para anunciar su "ambiciosa agenda legislativa".

"Como hemos establecido, el Gobierno debe presentar una agenda legislativa nacional sólida: prorrogar el Parlamento es la forma legal y necesaria de lograrlo", dijo un portavoz gubernamental tras conocerse el fallo judicial.

Añadió que el gabinete de Johnson acoge con "beneplácito la decisión del tribunal" y dijo que espera que quienes pretenden "utilizar" el poder judicial para frustrar los planes del Gobierno "tomen nota y retiren sus casos".

Se refirió así al otro procedimiento legal que se encuentra abierto en el Tribunal Superior de Londres a petición de la activista contraria al "brexit" Gina Miller, que cuenta con el respaldo del ex primer ministro conservador John Mayor.

En caso de que prospere hoy el proyecto de ley de la oposición para vetar un "brexit" sin acuerdo, Johnson impulsará una moción para convocar elecciones generales anticipadas, posiblemente el 15 de octubre, antes de la reunión del Consejo europeo. 
 

EFE