La Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento del salario mínimo mensual legal vigente del 23,7%, "sin una sustentación técnica suficiente y desconectado de las condiciones reales de la economía".

La CCI reconoce la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y de avanzar hacia mejores condiciones de vida para los hogares. 

No obstante, considera indispensable que las decisiones salariales respondan a criterios objetivos como la productividad, la inflación y la capacidad efectiva de pago de los sectores productivos, en especial de aquellos intensivos en mano de obra formal como la infraestructura. 

“El sector de la infraestructura cumple un papel estratégico en la generación de empleo formal, la dinamización regional y la competitividad del país. Un incremento del salario mínimo de esta magnitud eleva de forma inmediata los costos laborales de proyectos de obra pública y concesiones, presiona los presupuestos contractuales y pone en riesgo la viabilidad financiera de iniciativas clave para el desarrollo. Pero sobre todo impacta de manera negativa a las pymes de ingeniería que representan más del 90% del sector”, recalcó Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara.

Resulta además contradictorio, según la CCI, que, en medio de restricciones fiscales y de necesidades urgentes de financiación para el presupuesto nacional, se adopten decisiones que incrementan de forma significativa el gasto público asociado a la nómina y a los contratos estatales, con impactos que superan ampliamente los recursos disponibles. 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado al Gobierno Nacional para retomar un diálogo técnico, responsable y basado en evidencia, que permita definir una política salarial coherente con la realidad económica del país y con la necesidad de preservar el empleo formal, la sostenibilidad fiscal y la ejecución de proyectos que impulsan el desarrollo y la equidad territorial.