Para las elecciones de este año, la reposición de votos, que es el valor que paga el Estado a cada candidato por cada sufragio obtenido, fue establecido en $8.287 por voto válido, lo que ha generado dudas sobre cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) definió ese monto. 

Durante el foro 'Garantías Electorales, un diálogo con las regiones', el contralor Carlos Hernán Rodríguez explicó que el incremento se hizo en base al Índice de Precio al Consumidor (IPC) certificado por el Dane, que el año pasado terminó en 5,20%.

No obstante, pasar de $2.555 en 2022 a $8.287 en 2026 representa un incremento del 224%, y la explicación es que el CNE cumplió con una corrección técnica.

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"El CNE explicó debidamente que se trató de una corrección técnica tras años de rezago en la indexación formalizada", apuntó.

En un ejemplo práctico, con el valor actual de la reposición de votos, los 8.527.768 votos obtenidos por Gustavo Petro en la primera vuelta de la elección presidencial de 2022 le generaría una reposición por el orden de $70.669 millones.

Sin embargo, el contralor indicó que este aumento en la reposición de votos se suma a las presiones presupuestales normales que afronta el Gobierno.

"Emerge una dimensión esencial del debate, la sostenibilidad fiscal versus el sistema democrático", dijo Rodríguez.

No se informa adecuadamente

Por otra parte, el órgano de control indicó que Colombia afronta un problema estructural, ya que las campañas se están financiando primero con aportes privados y después con recursos del Gobierno.

"En 2022 los ingresos totales reportados para campañas al Congreso y Presidencia superaron los $351 mil millones. La mayor proporción vino de aportes privados, créditos y recursos propios. La participación del Estado mediante anticipo fue prácticamente nula... El estado paga después, el capital privado financia primero", sostuvo. 

Igualmente, la Contraloría alertó que el 65% de los gastos en segunda vuelta de las presidenciales fue en plataformas digitales, lo que no se refleja fielmente en el reporte de cuentas.

"Está obligado el reporte semanal, pero en 2022 menos de la mitad de los candidatos se habían registrado a tres días de la elección. En 2023 el 75,7% no reportó información contable de manera oportuna, no lo presentaron de forma real, por eso el control pierde su capacidad preventiva", manifestó Rodríguez.

Por eso anunció una directriz para que los funcionarios de la entidad planifiquen actuaciones de vigilancia y ejercicio de control fiscal oportunos frente al nivel de riesgo en que están expuestos los fondos, bienes y recursos públicos.