La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la 'Alerta Temprana Electoral 2025-2026', un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.

De acuerdo con la alerta, todo el departamento del Atlántico se encuentra en riesgo electoral.

Cinco municipios de nuestro departamento requieren acciones urgentes de parte de las autoridades de cara a las elecciones de 2026.

Estas poblaciones son: Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo.

El resto de municipios y su capital, Barranquilla, requieren acciones prioritarias, de acuerdo con lo revelado este martes por la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana.

En cifras del Caribe, el organismo señaló que la macrorregión está conformada por 135 municipios: 7 en llamado a la acción urgente (5,2%), 81 llamado a la acción prioritaria (60,0%) y 47 en observación permanente (34,8%).

Accionar de grupos armados

La Defensoría del Pueblo manifestó en su Alerta Temprana que en el Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), tienen presencia y accionar los siguientes grupos armados ilegales: Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como 'Clan del Golfo'; Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACS); Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las extintas FARC-EP.

"En el Área Metropolitana de Barranquilla, 'Los Costeños' y 'Los Pepes' mantienen confrontaciones entre sí y con el EGC por el control de rentas ilícitas. Estas estructuras imponen fronteras invisibles, decretan toques de queda y controlan economías barriales mediante préstamos informales tipo “gota a gota”", señaló la Defensoría.

"Asimismo, ejercen violencias basadas en género y prácticas discriminatorias como mecanismos de control social, además de amenazar a servidores públicos y líderes sociales reconocidos.34 Los grupos de crimen organizado se han apropiado de viviendas urbanas y rurales, asesinan a conductores de transporte público y emplean artefactos explosivos como mecanismo de intimidación para el cobro de extorsiones", agregó.

Estas prácticas, de acuerdo con el organismo, consolidaron sus finanzas ilegales y fortalecieron el control barrial mediante la imposición del denominado "pago por seguridad comunitaria", exigido bajo amenazas contra la vida y la propiedad de quienes se resisten.

"Esta situación ha derivado en el cierre de establecimientos comerciales y en la restricción de rutas de transporte público", aseguró la Defensoría.

Resto del Caribe

El 'Clan del Golfo', alerta la entidad,  imparte órdenes sociales mediante violencia y coacción, afectando especialmente a mujeres, población LGBTIQ+ y juventudes.

"Además, regula conflictos, financia proyectos y celebraciones, ha establecido alianzas con actores políticos, ejecuta secuestros exprés, ha promovido el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes e instrumentaliza comunidades para enfrentar a la fuerza pública e impedir la presencia institucional", expresó.

"El grupo armado ha desarrollado estrategias de vinculación con las comunidades mediante la figura de “voceros políticos”, quienes median en el diálogo con la población. A través de este mecanismo, interfiere en las expresiones organizativas de la sociedad civil, promueve la creación de nuevas estructuras y coopta o ejerce presión violenta sobre quienes se resisten a sus mandatos", añadió.

La Alerta Temprana advirtió que este escenario resulta especialmente grave, ya que el grupo podría someter a la población a presiones de cara a los procesos electorales, limitando iniciativas de participación política, en particular si emergen candidaturas que planteen diálogos o continuidades en procesos exploratorios de paz.

Para las expresiones sociales con aspiraciones en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), la corrupción electoral, la compra de votos y la presencia armada se configuran como riesgos directos para el ejercicio democrático. "En las elecciones de 2023, se registraron acciones de este actor que restringieron la libre movilidad de candidatos y ejercieron presión para favorecer candidaturas afines a sus intereses", puntualizó.

En las áreas rurales de Santa Marta y Ciénaga, el organismo indicó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ejercen influencia sobre espacios de participación como las Juntas de Acción Comunal (JAC).

A través de estos mecanismos, según la Defensoría, pretenden incidir en la resolución de conflictos comunitarios y en las dinámicas de expresión política de la comunidad.

"También han creado “organizaciones sociales” para ofrecer servicios jurídicos y de derechos humanos, promover diálogos sociojurídicos, en el marco de la política de la “Paz total”, y desarrollar un entramado comercial ligado al turismo, utilizado para el lavado de activos. Adicionalmente, imponen cuotas extorsivas a comerciantes y campesinos, restringen la movilidad con horarios específicos y controlan el ingreso a la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM)", agregó.

De acuerdo con el organismo, en el centro del Cesar y el sur de La Guajira, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el 'Clan del Golfo', adelanta patrullajes, propaganda, amenazas mediante panfletos, homicidios selectivos e interferencia en dinámicas comunitarias. También organiza actividades cívicas, ejerce control social y obtiene rentas de la extorsión y del narcotráfico.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la Alerta Temprana, mantiene vigilancia y control sobre la población en el centro del Cesar, donde impone exacciones.

"En La Guajira, amenaza a liderazgos sociales mediante panfletos, restringe la movilidad y limita la presencia de funcionarios públicos", enfatizó.

La Columna Móvil Bernardo Jaramillo Ossa, del Bloque Magdalena Medio 'Gentil Duarte' del EMBF de las FARC, busca recomponer sus estructuras en escenarios de consolidación, según la Defensoría del Pueblo.

"Para ello, implementa mecanismos de control social, amenaza a población previamente estigmatizada, ejecuta acciones de “limpieza social” y realiza cobros extorsivos", agregó.

En la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y la Troncal del Caribe, las disputas entre el EGC y las ACSN se reflejan en restricciones a la movilidad y al acceso de pobladores y funcionarios públicos, así como en reuniones impuestas a comunidades rurales para la imposición de normas de conducta.

"Estas pueden derivar en sanciones como multas, trabajos o desplazamiento forzados. Asimismo, se registran homicidios selectivos y ejecuciones con patrones de exterminio, cometidas con extrema violencia, como mecanismos de control. También se evidencia el reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (indígenas, afrodescendientes y mestizos), así como la instrumentalización de mujeres en labores de vigilancia", añadió.

Los riesgos electorales

La Defensoría del Pueblo alerta los siguientes riesgos electorales por la presencia de grupos armados en el Caribe:

Manifestaciones de gobernanza armada ilegal: "Estas estructuras afectan la participación política sin necesidad de recurrir de manera permanente a la violencia abierta. El control territorial, la captación y control de población civil, la cooptación o amenaza a liderazgos sociales, la apropiación forzada de expresiones organizativas y la promoción de nuevas estructuras comunitarias les permiten construir formas de incidencia social que constituyen de por sí una violación a la libertad y a los derechos civiles y políticos, con graves consecuencias para el proceso electoral".

Captura de la representación política: "La presencia de actores armados restringe la pluralidad y favorece la alineación con poderes locales, ya sea por intereses económicos, políticos o ambos. En elecciones anteriores, este fenómeno restringió el avance de propuestas alternativas. Tal situación se evidenció en los comicios de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) en los Montes de María, donde la influencia armada afectó el ejercicio libre de la representación política y vulneró derechos fundamentales de participación".

Mecanismos de control sobre la población: "Las agrupaciones armadas imponen normas de género que restringen campañas dirigidas a poblaciones por fuera de esos parámetros. Esto genera retracción de expresiones políticas y limita la democratización del territorio, afectando de manera particular a personas LGBTIQ+ y a mujeres con liderazgo político".

Las alertas tempranas son el principal instrumento de prevención y advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo para evitar que los conflictos armados, el crimen organizado o la violencia política deriven en violaciones de derechos humanos.

"Esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción", dijo Iris Marín durante la presentación, en la que enfatizó que la coordinación oportuna de las instituciones del Estado puede "salvar municipios en cuidados intensivos" y garantizar unas elecciones libres y en paz.

Alerta Temprana Electoral 013-2025 by Zona Cero