Por más de 8 horas, madres y abuelas de decenas de pacientes, que hasta enero estuvieron en la EPS Coomeva, se plantaron este martes en la sede de la Superintendencia de Salud en Barranquilla, para reclamar atención para esposos e hijos.

Incluso dos de ellas se encadenaron en esa entidad para hacer valer el derecho a la salud de niños en condición de discapacidad y adultos mayores, en su mayoría.

Para ellos, el hecho de que hoy les vaya peor en las EPS a la que fueron trasladados es claro ejemplo de la crisis en salud, mal que pareciera no tener cura.

Todas, consultadas por Zona Cero coinciden en que con Coomeva les iba "mejor" y que "en nada" los ha ayudado la Superintendencia de Salud. Así es la magnitud de esta tragedia para estas familias barranquilleras.

Cada uno de los casos que se expusieron son claros hechos de evidentes violaciones del derecho fundamental a la salud.

La mayoría de las EPS no cumplen ni con los fallos de tutelas, una de ellas interpuesta el año anterior por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional y la Personería. Estas decisiones judiciales tampoco han sido tenidas en cuenta y siguen violando los derechos de los usuarios.

El compromiso de las EPS era que siguieran prestando el servicio a los usuarios con discapacidad “de manera ininterumpida, independientemente de las EPS que los asumiera”, dijo el Defensor del Pueblo, Miguel Linero quien en la tarde llegó a la entidad a interceder ante la Superintendencia de Salud, regional.

Linero dijo que en estos casos “se frustra la prestación del servicio de salud y por eso la Defensoría del Pueblo está vigilante ya tenta, haciendo los requerimientos debidos”.

Algunos ejemplos claros

Teresa Cristancho es una adulta mayor, madre de un joven con discapacidad que lucha ante la EPS Sanitas por unas autorizaciones de talleres prevocacionales.

Doña Teresa fue una de las dos mujeres que se encadenó para protestar contra Sanitas luchando por los derechos de su hijo Marco.

Bertha García Manriquez, es otra mujer que protestó en la sede de la Superintendencia en Barranquilla contra Sanitas. 

A su hermano Luis Eduardo García Manriquez, un adulto mayor hipertenso, no le suministran medicamentos.

Claudia Figueroa, protestó por los derechos de su esposo Alfredo Melgosa quien sufrió un derrame cerebral, que además es hipertenso y sufre de una diarrea crónica.

Ella y su esposo son afiliados a Coopsalud.

Alix Álvarez, también afiliada a Coopsalud, reclama los derechos de su hija María Angélica Martínez de 16 años de edad quien padece parálisis cerebral. En Semedical, que es la entidad que le suministra los medicamentos,  siempre le quedan medicamentos pendientes, “porque nunca hay”.

Para Angela Ballestas Amador, madre de un joven autista, pasar de Coomeva a Sanitas “ha sido la cruz".

“No llegan autorización de medicamentos ni autorizan terapias”, dijo.

Todas coinciden en que el "remedio resultó peor que la enfermedad".