En la noche del jueves, desconocidos irrumpieron en la finca de Alejandro Llinás, residente en Calabazo con cerca de 70 años de edad, y acabaron con su vida. Él fue uno de los dos casos de homicidios que se conocieron en las primeras horas de este viernes.

Alberto, quien residía en jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta, venía denunciando una serie de irregularidades que había puesto en conocimiento del gobernador Carlos Caicedo, a través de la Secretaría del Interior, así como también había enviado copias a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, en los meses de febrero y de abril.

En sus comunicaciones, Llinás -quien fue compañero del expresidente Juan Manuel Santos en la Escuela de Cadetes- denunciaba que, en la entrada al Pueblito Tayrona, cerca a Calabazo, grupos irregulares habían montado dos peajes ilegales que restringen la entrada de turistas al territorio.

“Esta práctica la han implementado en la mayoría de los grandes atractivos turísticos de la Troncal del Caribe y la quieren imponer aquí”, advertía Llinas en sus cartas.

El hombre de avanzada edad también protestaba porque, además de estos peajes, estos mismos grupos irregulares habían reactivado una antigua asociación de flora y fauna y una empresa de mototaxismo para transportar turistas por una zona que ponía en riesgo la tranquilidad de los residentes de Calabazo.

En sus denuncias, Llinas también se quejaba de Parques, el cual había instalado una taquilla hace más de 15 años para el cobro del acceso de turistas al Parque Tayrona, pero no beneficiaba a la comunidad del entorno.

“Hace como 6 años se invitó a parques y otras autoridades para hablar sobre estos problemas, pero la respuesta vino por parte de los paras y aliados, que se vinieron en mi contra, comenzaron amenazas y matoneos, robos continuos, daños, envenenamiento y desaparición de mis equinos y mascotas, temo por mi seguridad, solo pido su apoyo para seguir luchando por el bienestar y desarrollo de este territorio”, señaló el denunciante, ahora asesinado.

Seguimiento.co conoció que el pasado 19 de abril, cinco días antes de ser asesinado, Llinás había hecho saber que la carta que envió al Gobernador al parecer no le fue entregada a él, sino que la entregaron a la Policía, desde donde comenzaron a llamarlo de varias dependencias para pedirle nombres de presuntos responsables y más información al respecto.

Este medio digital consultó al secretario del Interior del Departamento, José Humberto Torres, para confirmar si había recibido las cartas enviadas por el denunciante, pero al momento de publicar esta noticia no se había producido una respuesta.

Días antes de ser asesinado, Llinás había dado su testimonio a la Revista Semana para una publicación periodística que preparaba el medio de comunicación nacional.