Un manto de dudas es el que arropa la intención de la Procuraduría General de la Nación -PGN- de promover una mesa de concertación entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. -GAC- que permita reiniciar las obras de ampliación y modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’.

Lejos de generar un ambiente de optimismo, lo que realmente produce es una total incertidumbre en torno a lograr el resultado esperado.

Por el contrario, más bien, lo que existe es la creencia de que eventualmente ese proceso concluya con una “concertación” para pagarle al concesionario una multimillonaria suma de dinero por las obras que no realizó y dejó tirado el proyecto.

No sería de extrañar que el proceso llegue a ese término teniendo en cuenta los casos que se han registrado con otras concesiones cuyas obras quedaron inconclusas pero los contratistas resultaron beneficiados con multimillonarias indemnizaciones.

En otros términos, el Estado ha premiado a quienes han incumplido con grandes proyectos.

¿Pasará aquí lo mismo o será la excepción?

No hay que olvidar que el concesionario siempre ha tenido la intención de ser indemnizado por parte del Estado.

En este sentido presentó una reclamación al Gobierno, por $720 mil millones, como compensación “a los daños causados por la pandemia del Covid-19”, correspondientes a menor tráfico y pérdida de ingresos.

En respuesta a ello, la ANI le advirtió en su momento que tales afectaciones no existen por lo cual el concesionario estaba en la obligación de cumplir con el contrato en los términos pactados.

Lo curioso del caso es que el costo de la reclamación, $720 mil millones supera al valor total del contrato pactado con el concesionario que es de 610.153 millones 107 mil 609 pesos.

Este tema volvió a ser puesto sobre la mesa por parte del concesionario. De acuerdo con la Procuraduría, en los diálogos realizados del 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, el concesionario argumentó que el Covid 19 trajo tropiezos no solo para la ejecución de las obras sino también para el financiamiento del proyecto, razones por las que propuso una reestructuración financiera. Además de señalar que la deuda con los bancos asciende aproximadamente a 400 mil millones de pesos.

Para el caso de la reestructuración empresarial, el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., presentó ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud el 31 de mayo de 2022, siendo radicada el 7 de junio y admitida para iniciar el proceso el 16 de septiembre de 2022.

Por lo pronto, para que las partes puedan continuar con las negociaciones y tengan un poco más de tiempo, el Tribunal de Arbitramento decidió ampliar el plazo y postergó la fecha de la audiencia que estaba prevista para el 26 de enero, para el próximo 2 de febrero.

La Procuraduría manifestó que mantiene especial atención a las propuestas que surjan entre las partes “para llevar a buen término las obras y evitar así el fracaso del proyecto”.