Un urgente llamado al Gobierno Nacional hicieron el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García Guerrero, y el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, para que indique cuanto antes cuáles son las políticas de financiamiento y las fuentes de protección al transporte público terrestre de pasajeros, ante la crisis ocasionada por el Covid-19.

En carta dirigida a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, García e Isaza exponen que, comprometidos con la emergencia sanitaria que afronta el país, los entes territoriales han liderado acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 457 de 2020, con el fin de garantizar la oferta de movilidad a hospitales, producción industrial y centros de acopio y abastecimiento.

 “Hemos expedido actos administrativos para optimizar la operación disminuyendo la oferta (especialmente en horas valle), y racionalizando  el uso del parque automotor, tanto en los SITM como en el transporte público colectivo (TPV). Sin embargo, la disminución progresiva y vertiginosa de la demanda, manteniendo los mismos costos fijos, les ha ocasionado a los operadores una grave crisis financiera que derivará inevitablemente en la parálisis de los sistemas y de la prestación de este servicio público”, advierten en la misiva.

Citan como ejemplo que en el “Área Metropolitana de Barranquilla, a la fecha, el SITM reporta una disminución del 85% de su demanda, comparado con el periodo hábil, y el TPC alrededor de un 90%, lo que se traduce para el masivo en faltantes de más de $2.000 millones, del 16 al 29 de marzo, que no pueden ser compensados con los recursos del Fondo de  Estabilización Tarifaria, pues este se nutre de los aporte de la tarifa al usuario del TPC, hoy imposibilitado para generarlos”.

Finalmente, insisten en que para garantizar la continuidad del servicio, se requiere con urgencia financiar dichos faltantes para cubrir los costos operativos. “Por ello, le solicitamos indicarnos cuáles son las políticas de financiamiento y las fuentes previstas por el Gobierno Nacional con tal fin, y disminuir la carga prestacional de las empresas/operadores y los costos fijos de la operación. Lo anterior, teniendo en cuenta que las entidades territoriales atraviesan dificultades financieras y no tienen manera de nutrir a los sistemas de transporte con los recursos requeridos para superar el déficit operacional”, puntualizan.