El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo este jueves ante el ministro de Minas, que el problema de las altas tarifas de luz en la Costa ya no es un tema de justicia social, sino que se volvió un problema de seguridad alimentaria.

Durante el Encuentro Regional de Justicia Tarifaria cumplido en el Palacio de la Aduana, el mandatario presentó una radiografía de la situación que viven miles de usuarios caribeños cada mes cuando llega la factura del servicio de energía, prestado por las empresas Air-E y Afinia.

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“Ya esto no es un tema de justicia social. Ya esto trascendió, se volvió un problema de seguridad alimentaria”, insistió.

Arana planteó que en vez de cobrar por las conexiones informales al usuario que paga su recibo de la luz, debería subsidiarle el Estado, que es el mínimo vital.

En ese sentido, Arana lanzó dos interrogantes al gerente general de EPM, John Maya y al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho:

“¿Cuáles son las apuestas que ha hecho la compañía para empezar a cerrar esa posibilidad de que la gente se conecte de manera informal? ¿Cuantos proyectos ha presentado la empresa para que esas inversiones salgan de esos fondos y no se los cobren a los usuarios?

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Dijo además que es urgente articular a EPM (propietaria de Afinia y Air-E) y al gobierno para cerrar el “hueco” que hace que se incremente la tarifa.

“Fondos como PRONE, FAER deben ser la fuente de la cual se pueda apalancar la deuda que incrementa la tarifa”.

Según Arana, con ese mínimo vital, que sale de los fondos  de energía, previa gestión de la empresa y el gobierno, se daría la rebaja en la tarifa que tanto esperan los usuarios, aseguró el gobernador.