El paso de Electricaribe S.A. E.S.P. a Air-e parece no haber sido la mejor solución, al menos para el esquema tarifario del servicio de energía en la Región Caribe.

Por el contrario, el sentir de los usuarios es que hoy pagan las tarifas más caras en comparación con otras regiones del país.

Esta inequitativa situación ha motivado a las fuerzas vivas de la Región y a los mandatarios de las principales capitales, a ejercer acciones ante el Alto Gobierno e inclusive hasta demandar los actos administrativos que dieron origen al descalabro tarifario.

Para nadie es un secreto que esta situación tiene su génesis en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955) propuesto por el Presidente Iván Duque como su hoja de ruta para gestión en el cuatrienio 2018 - 2022.

El PND fue aprobado por el Congreso de la República, lo cual significa que las bancadas de la Región tenían pleno conocimiento de su contenido.

En su artículo 318 el PND estableció lo siguiente: “Con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe, teniendo en cuenta el estado de Electricaribe S.A. E.S.P. al momento de su intervención, autorícese al Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización del actual mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. o las empresas derivadas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las se preste el servicio público. Para estos efectos, los límites en la participación de la actividad de comercialización de energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales al límite regulatorio corriente”.

También determinó que el régimen regulatorio especial “deberá establecer que la variación en las tarifas para ésta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional, en la medida en que refleje, como mínimo, las inversiones realizadas, el cumplimiento de las metas de calidad y de reducción de pérdidas. El Gobierno nacional definirá el plazo máximo de aplicación de este régimen transitorio especial”.

Luego, mediante el Decreto 1645 de 2019 expedido por el Gobierno Nacional, se reglamentó el Artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 y delegó en la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- la función de establecer el régimen transitorio especial en materia tarifaria, conforme a los lineamientos allí dispuestos.

Fue a partir de esta autorización que la CREG emprendió su reglamentación a través de las resoluciones 007 y 010 de 2020 y 078 de 2021.

Lo que sobrevino entonces con las siguientes decisiones de la CREG ha resultado nefasto para el bolsillo de los costeños.

Las consecuencias se reflejan en una alta carga tarifaria para los costeños, situación que fue advertida por la Red de veeduría Ciudadana cartagena de Indias, en cabeza de Eduardo Ugarriza Fontalvo, Héctor Pérez Fernández y William Murra Babun, en comunicaciones dirigidas al Ministerio de Minas y la propia CREG.

Al describir la grave situación precisan: “Desde el último semestre de 2021 hemos estado demostrado como ustedes fueron acomodando, desde inicios del 2020, lo señalado en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), en contubernio con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien a la postre era la que tenía a cargo, bajo la figura de intervención, a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. para gestar una masacre contra los usuarios costeños. Se aprovecharon de que los colombianos estábamos llenos de miedo por el ataque del virus Covid-19 para modificar Decretos y expedir nuevas Resoluciones que incrementarían la tarifa de energía en la Costa Caribe en casi un 50%, en menos de 12 meses, a partir de agosto de 2021”.

Realmente, lo que los usuarios de la Región no esperaban era que les trasladaran a la tarifa las falencias de los recientes dos operadores a cargo del servicio.

“Y todo porque convirtieron en pérdidas de energía consentidas las pérdidas no técnicas  (fraudes, robos, conexiones ilegales, consumos de barrios subnormales que están conectados a través de cables y alambres piratas), que representan la ineficiencia administrativa y operativa de los dos operadores que manejan los mercados dicha Región.

Cómo sería la barbarie que el componente de pérdidas consentidas de la zona caribeña pasó de $45/kwh a $240/kwh”, sostiene la Red de Veeduría.

Queda claro, en consecuencia, que si bien el Presidente Iván Duque encendió el bombillo para darle luz a los nuevos operadores Air-e y Afinia, por otro lado generó un ‘black out’ en el panorama tarifario de la Costa Caribe.

En otros términos, Gobierno (Presidente - Ministerio de Minas - CREG), con el apoyo del Congreso actuaron de manera articulada para desarrollar un nuevo esquema tarifario, a partir de la transición Electricaribe - Air-e, golpeando de manera contundente el bolsillo de los usuarios, dejándolos en amplia desventaja en comparación con el resto del país.

Otra deuda que deja el Presidente saliente Iván Duque con la Región Caribe. O lo que es lo mismo, un ‘corto circuito’ de Duque con los costeños.