En riesgo inminente se encuentra la población civil de los corregimientos Santana Ramos y La Paz, del municipio de Puerto Rico (Caquetá), por cuenta de los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, dos disidencias de las antiguas FARC que se disputan el control territorial y social y que, con sus acciones bélicas, ponen en riesgo a las comunidades.  

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la ‘Alerta Temprana de Inminencia 029 del 2023’, en la que señala los riesgos para la población civil, ya que ha quedado en medio de los enfrentamientos de estos dos grupos armados, como el ocurrido el pasado 13 de agosto en el centro poblado de Santana Ramos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló: “Las dos estructuras armadas están violentando el derecho internacional humanitario al desconocer el principio de precaución, pues se enfrentan a pesar de que las comunidades están en medio de las hostilidades. También están instalando artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal, y los líderes, lideresas, campesinos y la comunidad son amenazados; existen presiones y regulaciones en su vida cotidiana”.

La Alerta emitida documentó el asesinato del firmante de paz, Rigoberto Ramos, quien además se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Londres, del corregimiento La Paz. El documento detalla constantes restricciones a la movilidad, amenazas y asesinatos selectivos contra presuntos miembros de esos dos grupos armados ilegales. 

“Desde la Defensoría del Pueblo les recordamos a los grupos armados ilegales que están obligados a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a la población civil”, aseguró el Defensor del Pueblo. 

Los corregimientos Santana Ramos y La Paz tienen una ubicación estratégica para la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central debido a que en la zona existen corredores de movilidad hacia el departamento del Huila y los Llanos Orientales, incluso hay algunos que desembocan en la localidad Sumapaz, en Bogotá. 

Estos corredores estarían siendo utilizados para el tránsito de las organizaciones ilegales, armas, el establecimiento de zonas de descanso y abastecimiento, así como para el transporte de sustancias ilícitas. 

“En esta Alerta Temprana de Inminencia presentamos 18 recomendaciones para que el Estado adelante medidas humanitarias de derechos y acción sin daño que permitan atender de manera urgente el riesgo; una de ellas es para que sea habilitado un corredor humanitario que atienda a la comunidad de Santana Ramos, confinada por cuenta los combates”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo